Sector empresarial urge aprobación de ley para postergar responsabilidad penal corporativa

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El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha instado al Congreso Nacional a acelerar la aprobación de un proyecto de ley que busca posponer por dos años la aplicación de las normativas del Código Penal dominicano sobre la responsabilidad penal de las empresas. Esta medida, ya aprobada por el Senado, busca otorgar a las organizaciones tiempo para adaptar sus operaciones a las nuevas exigencias legales antes de su entrada en vigor prevista para el 5 de noviembre.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) solicitó este domingo al Congreso Nacional acelerar la aprobación de la propuesta legislativa que busca aplazar por dos años la puesta en marcha de las regulaciones del artículo 31 del Código Penal dominicano, referentes a la responsabilidad penal aplicable a las entidades jurídicas. Esta iniciativa, promovida por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, fue declarada de urgencia y recibió la aprobación del Senado el 21 de octubre. Sin embargo, aún requiere la ratificación de la Cámara de Diputados y la sanción del Poder Ejecutivo.

En comunicaciones dirigidas a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el Conep elogió la aprobación de la propuesta y pidió darle continuidad al proceso legislativo antes del 5 de noviembre, fecha programada para la entrada en vigor de dichas disposiciones.

El Conep argumentó que la extensión del plazo permitiría a las compañías y organizaciones ajustar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a los nuevos requisitos legales, así como implementar programas de cumplimiento, sistemas de control interno, canales de denuncia y estrategias de prevención. La entidad señaló que también sería esencial avanzar en la formación de los profesionales del sistema judicial y en la formulación de criterios institucionales que posibiliten una aplicación consistente y predecible del régimen de responsabilidad penal corporativa.

Asimismo, sostuvo que la aplicación de estas disposiciones debe considerar la naturaleza, el tamaño, la actividad, la estructura y el nivel de riesgo de cada organización, a través de criterios claros de imputación y estándares objetivos para evaluar sus programas de cumplimiento. En este sentido, el gremio empresarial solicitó al presidente del Senado impulsar la remisión de la iniciativa a la Cámara de Diputados y a su titular darle curso tan pronto sea recibida, con el objetivo de completar su aprobación y posterior promulgación antes del 5 de noviembre.