Líderes empresariales se reunieron con legisladores para discutir una propuesta de ley que busca prohibir la entrada de productos fabricados con mano de obra forzada. Representantes de la AIRD y ONEC compartieron sus perspectivas, enfatizando la necesidad de un equilibrio entre la prevención de prácticas laborales indebidas y la agilización del comercio, solicitando garantías procesales y periodos de transición adecuados.
Voceros del sector empresarial se congregaron este lunes con una comisión de la Cámara de Diputados para expresar sus visiones acerca de una iniciativa legislativa destinada a la prevención y prohibición de bienes importados que sean resultado de la explotación laboral. La comisión permanente de industria y comercio de la cámara baja recibió a delegados de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), según informó el hemiciclo en una declaración.
El vicepresidente ejecutivo de AIRD, Mario Pujols Ortiz, demandó que el anteproyecto de ley contemple las debidas garantías procesales, lo que implica fortalecer los criterios de notificaciones y plazos, sin desatender el interés público. Opinó que el proyecto, en su configuración actual para abordar el problema del tránsito, requiere una herramienta diferente, ya que no se percibe que todo esté cubierto por una presunción de trabajo forzoso. Añadió que, como gremio, monitorean una problemática de incumplimiento fiscal o regulatorio que desemboca en el contrabando.
Por su parte, la directora ejecutiva de la ONEC, Jenniffer Troncoso, consideró de gran relevancia la propuesta legislativa, puntualizando que se refiere a importadores de productos originarios de diversas naciones, por lo que abogan por un despacho ágil de las mercancías. En este contexto, solicitó un entorno de «equilibrio comercial» y mencionó que si la Dirección General de Aduanas no registra que la mercancía fue elaborada con trabajo forzoso, debería ser despachada en un lapso de tres días hábiles. Asimismo, pidió que la implementación sea segura y que la ley no se aplique a los productos que ya se encuentran en tránsito, entre otras recomendaciones.
Al concluir el encuentro, el presidente de la comisión, Charles Mariotti Paz, comunicó que sus miembros defenderán los puntos que consideren apropiados. Agregó que tendrán una «retroalimentación» constructiva de lo que se pueda lograr. En uno de sus apartados, el proyecto establece que es una prioridad del Estado dominicano asegurar que el comercio internacional se desarrolle bajo principios éticos y de respeto a los derechos humanos, evitando que el mercado nacional reciba productos fabricados mediante la vulneración de la dignidad humana.