Caso Jean Alain: La defensa y las juezas se enfrentan por 21 incidentes y plazos de apelación

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La reciente sesión del juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros implicados se vio marcada por una fuerte tensión entre los abogados defensores y el tribunal. La controversia surgió cuando las juezas postergaron la resolución de 21 incidentes cruciales para una fase posterior y, posteriormente, se generó un desacuerdo sobre el período concedido para interponer recursos contra dicha determinación, manteniendo la atención en el desarrollo judicial.

La audiencia del proceso judicial contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros coimputados, se caracterizó por un marcado desacuerdo entre los equipos de la defensa y el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Esto ocurrió después de que las magistradas optaran por posponer el examen de veintiún incidentes para una fase subsiguiente del juicio, lo que luego desató una disputa en torno al lapso establecido para impugnar esa resolución. La jornada dejó pendientes dos puntos focales: la resolución del tribunal de no abordar en esta etapa las objeciones planteadas por los representantes legales de los acusados y su inconformidad con el período de tres días que inicialmente se les otorgó para apelar la medida.

El tribunal, compuesto por las juezas Clara Zobeida Castillo Jiménez, Yissel Soto Peña y Jarolyn Rosario, consideró que los incidentes demandan una evaluación más exhaustiva de los elementos que conforman el expediente. Por ello, estimó que su debate debería tener lugar en la etapa procesal apropiada del juicio. Esta determinación generó reacciones por parte de los representantes legales, quienes insistieron en que sus planteamientos debían ser respondidos y criticaron la forma en que las magistradas condujeron el procedimiento. Veintiún incidentes permanecen sin resolver en el caso de Jean Alain.

Los 21 incidentes: pruebas, nulidades y bienes en disputa

Entre los veintiún incidentes presentados por las defensas se encuentran objeciones a la manera en que se obtuvieron pruebas documentales, testimoniales y digitales, así como a la legalidad de ciertas actuaciones procesales y peticiones para excluir evidencias. También se expusieron argumentos sobre la prescripción de los hechos, la supuesta falta de precisión e individualización de las conductas atribuidas a los imputados, la atipicidad de algunas acciones y solicitudes de restitución de bienes muebles e inmuebles incorporados como pruebas materiales.

Los abogados argumentan, entre otros aspectos, que existen elementos cuya adquisición o conexión con los sucesos imputados debe ser revisada por el tribunal. No obstante, las magistradas consideraron que, para dar respuesta a estas objeciones, es indispensable analizar aspectos fundamentales del proceso, tales como la secuencia de los acontecimientos, el método de obtención de las pruebas aceptadas mediante el auto de apertura a juicio, la identificación individual de las conductas y el origen y la propiedad de los bienes incautados. Por tal motivo, el tribunal decidió aplazar el conocimiento de los incidentes para la etapa de fondo, amparándose en el artículo 210, párrafo II, del Código Procesal Penal. Las juezas aclararon que esta decisión no implica una violación de los derechos de los imputados ni del debido proceso, sino que obedece a la necesidad de examinar estos asuntos en el momento procesal que consideran idóneo.

El nuevo conflicto por los tres días para apelar

La discusión no concluyó con la determinación sobre los incidentes. Las defensas también pusieron objeciones al período de tres días que el tribunal había fijado para interponer recursos contra la resolución. El abogado Manuel Sierra Pérez, quien representa a Alfredo Alexander Solano Augusto, presentó uno de los recursos de oposición y argumentó que, dado que el proceso fue declarado complejo desde su primera audiencia, celebrada el 8 de julio de 2021, el plazo para recurrir debía ser de seis días y no de tres. Esta propuesta recibió el respaldo de otros representantes legales, incluyendo a Carlos Balcácer, abogado de Jean Alain Rodríguez, quien también defendió la aplicación del plazo correspondiente a los procesos considerados complejos.

Al examinar los recursos, el tribunal los declaró inadmisibles en cuanto a la forma, pero modificó parcialmente su decisión previa y estableció que las partes podrán exponer oralmente los fundamentos de sus recursos. Las magistradas explicaron que buscaron armonizar las disposiciones legales y constitucionales relativas al derecho de defensa y al debido proceso, haciendo referencia a los artículos 68, 69 y 74 de la Constitución, así como a los artículos 423 y 424 del Código Procesal Penal. De esta manera, aunque las juezas mantuvieron su decisión sobre la forma de tramitar los recursos, permitieron que los abogados expongan sus argumentos de manera verbal en la próxima audiencia, programada para el miércoles 4 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

Balcácer califica la actuación de desafiante

Al reaccionar a la decisión, Carlos Balcácer manifestó su inconformidad con la actuación de las magistradas y la describió como desafiante. “Ellas actúan de forma desafiante, como si fuesen jueces de paz”, expresó el abogado, al referirse a la manera en que el tribunal respondió a los recursos presentados por las defensas. Balcácer insistió en que, al tratarse de un proceso complejo, correspondía otorgar seis días para impugnar la decisión, en lugar de los tres establecidos inicialmente.

Sierra Pérez anuncia que exigirá una reclamación

Por su parte, Manuel Sierra Pérez consideró que las juezas actuaron por iniciativa propia al modificar parcialmente la resolución y disponer la presentación oral de los recursos, una decisión que interpretó como una represalia ante los planteamientos de los abogados. “Nosotros vamos a exigir, dentro del marco de lo que estipula la legislación, una reclamación por ese comportamiento”, afirmó al ser consultado sobre las posibles consecuencias de lo ocurrido. Sierra Pérez reiteró que, a su juicio, el plazo aplicable debía ser de seis días, debido a la complejidad del expediente.

Un proceso que supera los RD$6,000 millones bajo acusación de corrupción

El juicio tiene como principal encausado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a otros procesados por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, entre 2016 y 2020. El Ministerio Público sostiene que durante ese período operó una red de corrupción administrativa que habría causado un perjuicio al Estado superior a los RD$6,000 millones. La acusación incluye supuestos actos de corrupción vinculados con procesos de contratación, manejo de fondos públicos y otras operaciones dentro de la institución. Rodríguez ha rechazado las imputaciones y ha sostenido que el proceso responde a una persecución política. Las responsabilidades penales de los acusados deberán ser determinadas por el tribunal al finalizar el juicio.

Con los incidentes pendientes de evaluación y los recursos de las defensas a la espera de sus exposiciones orales, el proceso continuará el próximo miércoles 4 de noviembre, cuando las partes tendrán la ocasión de presentar sus argumentos ante las magistradas.

Ministerio Público ya había solicitado que los incidentes se conocieran en el fondo

La representación del Ministerio Público, liderada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, había solicitado que los veintiún incidentes fueran diferidos para ser resueltos junto con el fondo del proceso, al considerar que las objeciones de las defensas no demostraban las irregularidades alegadas y que su debate en esta etapa podría demorar el avance del juicio. Ortiz defendió la decisión del tribunal de otorgar a las partes las garantías previstas en la ley y rechazó que las defensas dispusieran de un plazo extendido para presentar recursos de oposición contra una decisión adoptada durante la audiencia. La representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) argumentó que, al tratarse de una determinación pronunciada en audiencia sobre incidentes planteados y discutidos en esa misma sesión, el recurso debía presentarse allí, por lo que entendía que no correspondía aplicar los plazos reclamados por los abogados. “Las defensas están planteando aquí un recurso de oposición a una decisión que lo único que ha buscado es garantizar derechos”, expresó Ortiz. La funcionaria sostuvo que la postura del órgano acusador buscaba evitar que las discusiones incidentales siguieran prolongando el proceso y permitir que el tribunal avanzara hacia el conocimiento de los hechos contenidos en la acusación.