Ricardo Alcántara Méndez, representante legal de las víctimas en el caso Nido o Indisarq, ha instado al Sistema Nacional de Defensa Pública a considerar el impacto económico de posponer audiencias y trasladar internos. Argumenta que estas acciones generan gastos estatales y obstaculizan la agilidad de los procesos judiciales, sugiriendo una planificación más rigurosa para optimizar recursos.
El licenciado Ricardo Alcántara Méndez, quien representa a los afectados en el proceso judicial conocido como Nido o Indisarq, hizo un llamado al Sistema Nacional de Defensa Pública para que analice el impacto financiero que conllevan las postergaciones de diligencias judiciales y los traslados de personas bajo custodia. Según su perspectiva, tales determinaciones representan un gasto para el erario público y entorpecen el avance oportuno de las causas legales.
Alcántara afirmó que, previo a decidir la suspensión de una sesión o la reubicación de un detenido, las autoridades deberían sopesar los gastos asociados a estas medidas para el sistema de justicia. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la planificación de los procesos judiciales para prevenir demoras innecesarias.
El especialista en leyes manifestó que una mejor organización contribuiría a utilizar de forma más eficiente los fondos públicos y a asegurar una impartición de justicia más efectiva para todos los involucrados.
Los acusados en el expediente Nido o Indisarq enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos, conformación de agrupaciones delictivas y blanqueo de capitales, en presunta contravención de los artículos 59, 60, 147, 265, 266 y 405 del Código Penal de la República Dominicana.
Además de Emmanuel Rivera Ledesma, se encuentran señalados como coimputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, junto con las entidades Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, entre otros.
La investigación preliminar establece que la red utilizaba las empresas Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, como herramientas para llevar a cabo los engaños, ofreciendo propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.
Las indagaciones sobre este caso comenzaron a raíz de un reportaje investigativo realizado por N Investiga, de Nuria Piera.
