El Gobierno dominicano ha promulgado un Código de Ética para la Inteligencia Artificial en sus servicios públicos, posicionando al país como líder regional en la implementación responsable de estas tecnologías. Esta iniciativa, desarrollada con un enfoque multisectorial, establece principios de transparencia, seguridad e inclusión, alineándose con estándares internacionales y garantizando la protección de los derechos ciudadanos en la era digital.
A través del decreto 787-26, el Gobierno de la República Dominicana ha oficializado el Código de Ética de la Inteligencia Artificial, aplicable a todos los servicios públicos nacionales. Este reglamento innovador consolida al Estado dominicano como un referente en la región en cuanto a la adopción consciente, segura, inclusiva y transparente de tecnologías emergentes. La regulación, producto de un proceso de colaboración riguroso y multisectorial encabezado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), cuenta con el respaldo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y se adhiere a las directrices de la UNESCO y la OCDE.
Pilares normativos y salvaguardas de alto impacto
El nuevo Código de Ética introduce normativas de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones que conforman la administración pública, tanto centralizada como descentralizada. Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran:
1. Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED): Cualquier sistema de inteligencia artificial catalogado como de alto impacto —es decir, aquel que incida en el acceso a derechos, beneficios sociales o facultades sancionadoras— deberá ser sometido a una evaluación exhaustiva y obtener la aprobación del organismo supervisor antes de su implementación.
2. Transparencia algorítmica y derecho a la revisión: Los ciudadanos tendrán el derecho de conocer de forma clara cuándo un proceso o una resolución administrativa ha sido apoyado por inteligencia artificial. Adicionalmente, se establecen vías accesibles para solicitar explicaciones inteligibles y activar mecanismos de revisión por parte de personas.
3. Usos estrictamente prohibidos: La normativa resguarda los derechos de los ciudadanos al vetar absolutamente la calificación o clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin una orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en prejuicios geográficos o socioeconómicos, la automatización de condenas penales y el uso de armamento autónomo.
4. Protección reforzada para la infancia: Se instaura una presunción de riesgo elevada frente a cualquier sistema automatizado dirigido a niños, niñas y adolescentes, prohibiendo categóricamente el empleo de IA que genere o difunda material perjudicial, abusivo o discriminatorio contra esta población.
5. Soberanía digital y criterios de contratación: Las entidades públicas exigirán a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y el control soberano de los datos de los dominicanos, evitando la adquisición de sistemas de «caja negra» que no puedan ser fiscalizados por el Estado.
Gobernanza, control y plazos de adecuación
El decreto contempla la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un organismo de consulta y coordinación compuesto por entidades estatales clave y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, asegurando la supervisión social continua y la participación de la academia y la sociedad civil.
Finalmente, la regulación concede un periodo transitorio de 180 días calendario para que las instituciones públicas adapten sus procedimientos internos, registren los sistemas tecnológicos en operación, nombren a los funcionarios responsables e implementen las acciones necesarias para dar cumplimiento efectivo a este compromiso trascendental con la transformación digital ética.