La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha confirmado la prisión preventiva para siete de los ocho implicados en el expediente Senasa 2.0-A. Tras una extensa audiencia de diez horas, solo a Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez se le concedió arresto domiciliario con grillete electrónico. Las defensas buscaban la liberación de sus representados, pero la mayoría de los recursos fueron desestimados por el tribunal.
SANTO DOMINGO.– La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó este miércoles la reclusión preventiva para siete de los ocho acusados en el expediente Senasa 2.0-A y dictaminó arresto domiciliario para Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, al concluir una sesión judicial que se extendió por aproximadamente diez horas. La resolución puso fin a una jornada en la que los abogados defensores se presentaron ante el tribunal con la intención de revertir la medida de prisión preventiva impuesta a sus clientes y conseguir su libertad mientras el procedimiento judicial sigue su curso.
Sin embargo, la Corte únicamente aceptó uno de los recursos, el correspondiente a De la Rosa, a quien también se le ordenó utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico. Las apelaciones fueron interpuestas por Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Elsa de la Rosa, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar. Los ocho buscaban que el tribunal superior revisara la determinación del juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien les había impuesto reclusión preventiva.
La audiencia concentró durante gran parte del día las exposiciones de los representantes legales de los procesados y la delegación del Ministerio Público, que defendió la continuidad de las medidas cautelares. El equipo acusador estuvo liderado por el procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, junto a las fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría. Durante la jornada también se escucharon argumentos a favor de que los imputados permanecieran bajo reclusión preventiva.
Miguel Surún Hernández, portavoz de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, afirmó que existían pruebas suficientes para mantener la disposición impuesta a los implicados. Después de escuchar las argumentaciones de las partes, las magistradas Ysis Muñiz, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández rechazaron siete recursos de apelación y acogieron parcialmente la solicitud de Elsa de la Rosa. La modificación no implicó su liberación, sino el cambio de reclusión preventiva por arresto en su domicilio, acompañado de supervisión electrónica.
Camacho resaltó la admisión de los hechos. Al finalizar la audiencia, Wilson Camacho explicó que el tribunal había desestimado todos los recursos de las defensas, a excepción del presentado por De la Rosa. El funcionario hizo especial énfasis en que, según sus palabras, la imputada reconoció ante las juezas los sucesos que se le imputan, a pesar de haberlos negado en ocasiones anteriores. “Respecto a ese recurso, es importante señalar que la imputada aceptó los hechos en el tribunal, es decir, admitió los sucesos que había cometido y que había negado en otras instancias”, declaró al responder a los periodistas.
El director de Persecución precisó que De la Rosa continuará bajo una medida restrictiva de libertad, aunque ahora deberá cumplirla en su residencia y bajo las condiciones establecidas por la Corte. Los siete que seguirán en prisión. Con esta determinación, permanecerán bajo reclusión preventiva Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar. Para los defensores, el resultado representa el rechazo de la mayoría de sus aspiraciones de conseguir una medida menos rigurosa.
Para el Ministerio Público, en cambio, la decisión mantiene las disposiciones de reclusión preventiva para siete procesados, mientras que el único cambio se produjo en el caso de una imputada que, de acuerdo con Camacho, aceptó los hechos durante la audiencia. La resolución no determina la culpabilidad penal de los procesados ni pone fin a la investigación. Las medidas de coerción tienen carácter cautelar y el proceso proseguirá hasta que los tribunales conozcan el fondo de las acusaciones.