El caso judicial vinculado a la catástrofe del Jet Set avanza a una nueva fase con la designación del tribunal que presidirá el juicio de fondo. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat deberán comparecer ante la justicia tras la decisión de un juzgado de instrucción que encontró pruebas suficientes para procesarlos por el derrumbe del local, un evento que resultó en la trágica pérdida de 236 vidas y dejó más de 180 heridos.
El procedimiento judicial referente al desastre del Jet Set ha llegado a una siguiente etapa, habiéndose establecido la corte que conocerá el proceso principal contra Antonio y Maribel Espaillat. La Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, bajo la dirección de la magistrada Clara Luz Almonte, será la encargada de llevar a cabo este juicio contra los dueños de la discoteca.
Los hermanos Espaillat se enfrentarán a un juicio luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitiera una orden de apertura, estimando que existen fundamentos adecuados para que respondan a las imputaciones relacionadas con el derrumbe del centro de esparcimiento, un suceso que causó 236 decesos y más de 180 lesionados. Durante esta fase, el tribunal deberá evaluar las evidencias presentadas por la Fiscalía, la defensa y las partes querellantes antes de emitir una resolución sobre el asunto.
Así ocurrió el suceso del Jet Set
En las primeras horas del 8 de abril de 2026, el techo de la discoteca Jet Set cedió mientras se desarrollaba un espectáculo, provocando la muerte de 236 personas y dejando a cientos con heridas. Esta calamidad es considerada una de las más graves ocurridas en un lugar de entretenimiento en la historia de la República Dominicana.
El 15 de junio de 2026, el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó la orden de inicio de juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, al considerar que la Fiscalía había aportado evidencia suficiente para que ambos se sometieran a un juicio de fondo. Durante la audiencia preliminar, el magistrado mantuvo la clasificación legal de homicidio involuntario, denegó la petición de modificar las medidas de coerción y estableció medidas precautorias sobre los activos de los acusados y de terceros demandados civilmente por un monto de 500 millones de pesos. Con esa determinación, el expediente avanzó a la etapa de juicio de fondo, en la cual se establecerá la responsabilidad penal de los imputados.
