Cuando una institución financiera cede una obligación crediticia a una empresa externa, el deudor mantiene sus derechos. El nuevo Reglamento de Protección al Usuario de Productos y Servicios Financieros de 2026 establece que las entidades deben informar claramente sobre esta transferencia y asegurar que el nuevo acreedor respete al usuario. Es crucial conocer quién posee ahora la deuda y bajo qué condiciones se reclama.
Si una persona ha contraído un préstamo con una institución bancaria y empieza a recibir llamadas de una compañía desconocida exigiendo el pago de dicha obligación, tiene el derecho de conocer la identidad de quien reclama el dinero, la base de su autoridad para hacerlo y los términos específicos de la deuda.
La cesión de un conjunto de créditos no desprotege al prestatario. Las entidades financieras están obligadas a cumplir con requisitos de divulgación y a asegurar que quienes adquieran estas responsabilidades respeten los derechos de los usuarios, conforme a las disposiciones del nuevo Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, que entrará en vigor en 2026. Un aspecto fundamental de esta normativa es la definición de las condiciones para la transferencia de carteras de crédito y la contratación de empresas externas encargadas de la gestión de recuperación de préstamos.
El jurista Jean Cristhoper Pérez explicó que, al transferirse una deuda a otra empresa, el ciudadano conserva los derechos y garantías que legalmente le corresponden, por lo que el cambio de acreedor no implica que pueda ser sometido a términos nuevos o arbitrarios.
El ciudadano debe saber quién posee ahora su deuda.
Según el abogado, el artículo 81 del nuevo reglamento estipula que el usuario debe ser notificado cuando su compromiso sea traspasado a otro acreedor. La comunicación debe identificar al nuevo titular de la obligación, detallar el importe adeudado de forma desglosada, proporcionar sus datos de contacto y especificar las vías disponibles para efectuar los pagos. Esta información posibilita al ciudadano verificar quién está autorizado para exigir el cumplimiento de la obligación y evitar confusiones sobre el destinatario de sus abonos. Por lo tanto, si una persona recibe una comunicación de una compañía diferente a la entidad donde obtuvo originalmente el préstamo, puede pedir una explicación del origen de la reclamación y que le suministren los datos pertinentes a la transferencia.
No cualquier empresa puede adquirir una cartera de crédito.
Otro elemento que introduce la normativa se relaciona con los requisitos que deben cumplir quienes compran deudas. Pérez detalló que el artículo 80 establece que las instituciones financieras deben verificar, antes de vender una cartera de crédito, que el comprador no tenga antecedentes de trato inadecuado o abusivo hacia los usuarios. Adicionalmente, los acuerdos de cesión deben incluir las responsabilidades vinculadas al trato equitativo y respetuoso de los deudores. Esta disposición busca impedir que la transferencia de obligaciones financieras se convierta en un medio para ignorar las garantías de quienes poseen compromisos pendientes.
¿Puede la nueva empresa cobrar de cualquier manera?
La respuesta es negativa. El hecho de adquirir una cartera de crédito o de recibir autorización para gestionar su recuperación no autoriza a recurrir a intimidaciones, ofensas, humillaciones ni mecanismos que vulneren la privacidad del ciudadano. El abogado señaló que las empresas externas que ofrecen servicios de cobranza también deben acatar las obligaciones de protección al usuario financiero. En este sentido, el artículo 82 del nuevo reglamento establece responsabilidades para los proveedores de servicios tercerizados frente a los usuarios. El cambio de acreedor tampoco significa que el ciudadano pierda las condiciones contractuales que legalmente corresponden a su obligación.
¿Qué debe hacer una persona si otra empresa le reclama una deuda?
Frente a una empresa que afirma haber adquirido una obligación financiera, el ciudadano debe solicitar la identificación del nuevo acreedor, la notificación de la transferencia y el detalle del monto reclamado. También debe guardar las comunicaciones recibidas, los documentos relacionados con el préstamo y los comprobantes de los pagos efectuados. Si considera que se están violando sus derechos, puede presentar una queja ante la entidad financiera y, si no obtiene una respuesta satisfactoria, dirigirse a ProUsuario, de la Superintendencia de Bancos. El nuevo reglamento de 2026 extendió de 60 a 90 días calendario el plazo para presentar reclamaciones ante la Superintendencia en los casos contemplados por la normativa. La transferencia de una deuda puede modificar la empresa con derecho a exigir el pago, pero no suprime las garantías del ciudadano. Conocer quién es el nuevo acreedor y cuáles son sus responsabilidades constituye una herramienta esencial para evitar cobros irregulares y resguardar sus derechos.
¿Por qué un banco decide vender una deuda?
La venta de una deuda es una operación mediante la cual una entidad financiera cede a otra empresa o comprador el derecho de exigir el pago de una obligación pendiente. Cuando se trata de una cartera de crédito, la operación puede englobar varias deudas de diversos clientes. Las instituciones bancarias pueden recurrir a este mecanismo por motivos comerciales y económicos, como reducir su exposición a créditos de difícil cobro, obtener liquidez, reorganizar sus activos o delegar la gestión de ciertas obligaciones en empresas especializadas. Sin embargo, estas son posibles razones de negocio y no condiciones que la ley exija para autorizar una venta.
En República Dominicana, el artículo 40, literal g), de la Ley Monetaria y Financiera 183-02 reconoce entre las operaciones permitidas a los bancos múltiples la adquisición, cesión y transferencia de instrumentos que representan obligaciones. Por su parte, el artículo 44 de esa legislación establece que los bancos múltiples y los bancos de ahorro y crédito requieren autorización previa de la Superintendencia de Bancos para vender carteras de crédito cuyo valor exceda el 20 % de su capital pagado. Esto significa que la venta de una cartera de crédito está prevista en el marco legal dominicano, pero debe efectuarse respetando las condiciones regulatorias y los derechos de los usuarios financieros.