El trágico fallecimiento de Jocelyn Ceballo Matrillé en San Juan de la Maguana, presuntamente a manos de su excompañero, subraya la persistente crisis de violencia de género en República Dominicana. Este lamentable suceso se suma a una extensa lista de mujeres que han perdido la vida en circunstancias similares a lo largo de 2026, evidenciando la urgente necesidad de medidas de protección más efectivas y una mayor conciencia social sobre esta problemática.
SANTO DOMINGO.– El asesinato de Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años, supuestamente perpetrado por su expareja en San Juan de la Maguana, vuelve a poner de manifiesto la continua violencia contra las mujeres en República Dominicana, donde durante el año 2026 se han documentado decenas de crímenes bajo circunstancias análogas. Entre los casos más destacados del año se encuentran los homicidios de Rosmery Sosa Rodríguez, Santa Sepúlveda, Katherine Méndez, Alfania Manuela, Providencia Marte, Diana Elena Evangelista, Nikaury Alicia Heredia Taveras, Yessika Álvarez Jiménez, Esmeralda Moronta de los Santos, Indhira Carolina Beltré, Belkis María Lantigua y Felicia Ramírez Capellán. A esta relación se añaden Dahiana Paulino Santos, Neliza Figueroa, Alicia (Francisca) Antonio Pierre, Nelki Alejandrina Rodríguez García, Aurelina Valdez, Ramonita Aquino Aquino, Nicauris de los Santos, Loyca Alvarado Adames, Maira Alejandra Lara, Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos y Albenis de Jesús Hernández, además de Jocelyn Ceballo Matrillé y Rosanny del Carmen Almonte Molina, quien fue asesinada en Esperanza, provincia Valverde.
La muerte de Jocelyn ocurrió en la madrugada del 6 de noviembre en el complejo residencial Caonabo Tower, en San Juan de la Maguana. La mujer recibió un impacto de bala presuntamente efectuado por Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, quien fue aprehendido por agentes policiales poco después del incidente. Según los datos preliminares, la víctima había viajado con sus dos hijas menores tras ser invitada a una cena. Las niñas estaban presentes en el apartamento cuando se produjo el ataque.
El caso cobró mayor relevancia tras las declaraciones de los parientes, quienes denunciaron presuntos antecedentes de maltrato y humillaciones durante la relación. Un cuñado afirmó que el hombre supuestamente la echaba de la vivienda, luego regresaba a buscarla y posteriormente volvía a expulsarla. También solicitó una pena de cien años para el acusado y expresó preocupación de que su posición económica pudiera beneficiarlo.
La madre de Jocelyn, por su parte, lamentó no haber llevado a su hija a vivir con ella después de una primera agresión. «Debí tenerla en mi hogar cuando él le propinó la primera bofetada», manifestó entre lágrimas a la llegada del cuerpo, al tiempo que exigió que las autoridades investiguen el suceso sin dejarse influenciar por el dinero o las supuestas conexiones del detenido.
Apenas unas horas después, otro crimen contra una mujer fue reportado en el municipio de Esperanza, provincia Valverde. Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47 años, falleció tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su pareja sentimental, Leonalfry Torres Hernández, conocido como «Leo», quien posteriormente resultó herido y fue trasladado a un centro médico.
Un familiar de Rosanny aseguró que entre ambos existían antecedentes de violencia y que supuestamente había una orden de restricción contra el hombre. También relató que la víctima había sido agredida anteriormente y que horas antes del suceso había acudido a presentar una denuncia.
Entre los episodios que marcaron los primeros meses del año figura el homicidio de Rosmery Sosa Rodríguez, de 30 años, considerada la primera víctima de feminicidio de 2026. La mujer, madre de tres hijos, pereció tras recibir varias puñaladas presuntamente de su pareja, en un incidente ocurrido el 2 de enero.
En enero también fueron asesinadas Santa Sepúlveda, una profesora de 32 años que, según sus parientes, recibía amenazas de su pareja; y Katherine Méndez, de 18 años, agredida con un arma blanca presuntamente por su compañero sentimental. Estos casos formaron parte de una serie de crímenes que continuó durante febrero y marzo.
El 11 de enero, Alfania Manuela murió a tiros en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Su pareja, Rómulo Rafael Almánzar, fue señalado como responsable y posteriormente se quitó la vida. En marzo, Providencia Marte falleció después de que presuntamente su pareja la rociara con combustible y le prendiera fuego en la comunidad La Higuera.
Otro caso que generó indignación fue el de Diana Elena Evangelista, de 18 años, asesinada el 25 de abril en Villa Duarte, Santo Domingo Este, tras recibir múltiples heridas punzocortantes. Por el hecho fue detenido Erick Daulin Urbáez Farcón. En mayo, el deceso de Nikaury Alicia Heredia Taveras, de 27 años, también atrajo la atención. La mujer falleció después de permanecer varias semanas hospitalizada por una herida de bala que habría recibido durante una disputa con su pareja, el agente policial Adonys Pimentel.
El 7 de mayo fue asesinada Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, presuntamente por el sargento policial Railin de la Rosa Moquete. La víctima era madre de un niño con síndrome de Down. Cuatro días después, Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, murió tras recibir disparos presuntamente de su expareja, Omar Tejeda Guzmán, en un colmado de Alma Rosa, Santo Domingo Este, donde intentó protegerse mientras huía de su agresor. También en mayo fue asesinada Indhira Carolina Beltré, de 33 años, en el sector La Toronja, Santo Domingo Este. Su expareja, Camilo Rodríguez, fue arrestado como principal sospechoso.
En junio, Belkis María Lantigua, de 53 años, falleció en una cabaña de Nagua, presuntamente a manos de su exesposo, Héctor Rafael Hernández, quien posteriormente se suicidó. Julio y agosto estuvieron marcados por nuevos actos de violencia. Felicia Ramírez Capellán, de 46 años, fue asesinada en La Vega en un caso investigado como violencia vicaria, ya que el crimen habría sido encargado por la expareja de una de sus hijas. En ese mismo período, Dahiana Paulino Santos, de 24 años, murió de un disparo presuntamente ocasionado por su expareja en Las Guáranas, provincia Duarte. Según sus familiares, horas antes había solicitado una orden de restricción.
El 2 de agosto, Neliza Figueroa, de 27 años, enfermera y madre de dos hijos, fue asesinada a puñaladas presuntamente por su expareja en el sector La Zurza, Distrito Nacional. Sus dos niños presenciaron el crimen y uno de ellos alertó a los vecinos. La joven había intentado obtener una orden de restricción, pero no logró conseguirla. En agosto también fueron asesinadas Alicia (Francisca) Antonio Pierre y Nelki Alejandrina Rodríguez García, en sucesos ocurridos en San Pedro de Macorís y Montecristi, respectivamente. En ambos casos, los presuntos agresores eran sus parejas o exparejas.
Aurelina Valdez murió a tiros en Yamasá, provincia Monte Plata, mientras que Ramonita Aquino Aquino fue asesinada en Hainamosa, Santo Domingo Este, presuntamente por su pareja, un oficial retirado del Ejército. En septiembre, el homicidio de Nicauris de los Santos, en Bayaguana, Monte Plata, volvió a poner en tela de juicio la efectividad de las medidas de protección. Según la información publicada, la mujer había conseguido una orden de restricción contra su expareja y recibido amenazas previas. Ese mismo mes, Loyca Alvarado Adames, de 37 años, fue reportada como desaparecida y posteriormente encontrada sin vida. El Ministerio Público atribuyó el crimen a su expareja, quien enfrenta cargos por feminicidio agravado.
En octubre, Maira Alejandra Lara, de 36 años, falleció por heridas de bala en Los Jovillos, provincia Azua, en un incidente por el que fue señalado un primer teniente del Ejército. También se reportaron otros episodios de violencia contra mujeres, incluyendo agresiones que no terminaron en muerte. La secuencia continuó en noviembre con los asesinatos de Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos, en Azua, y Albenis de Jesús Hernández, en Santiago Rodríguez. En ambos hechos, las exparejas fueron señaladas como responsables y posteriormente murieron.
Las historias presentan circunstancias particulares, pero varias comparten elementos recurrentes: conflictos durante la separación, amenazas, agresiones previas, persecución y dificultades para obtener protección efectiva antes de que ocurriera la tragedia. De acuerdo con la Fundación Vida Sin Violencia, hasta el informe difundido el 6 de noviembre, 77 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2026, lo que representa un aumento del 51 % en comparación con el período comparable del año anterior. Estos crímenes dejaron a 110 niños, niñas y adolescentes sin sus madres. La organización también identificó cuatro presuntos agresores pertenecientes a la Policía Nacional y otros cuatro a las Fuerzas Armadas. Además, registró siete agresores menores de edad y cuatro víctimas que contaban con órdenes de restricción. En cuanto a la distribución territorial, la provincia Santo Domingo concentraba 24 casos, seguida del Distrito Nacional, con siete, e Higüey, con seis.
Las cifras del primer semestre ya reflejaban la magnitud del problema: entre enero y junio se contabilizaron 47 feminicidios, un incremento del 74 % frente al mismo período de 2025. Durante esos seis meses, 68 menores quedaron huérfanos, 38 de los crímenes ocurrieron en las viviendas de las víctimas y 11 agresores se suicidaron después de cometer los asesinatos. Asimismo, los datos del Ministerio Público correspondientes al primer trimestre indicaron que el 86 % de las mujeres asesinadas no había presentado denuncias previas contra sus agresores.
El último balance público de 77 víctimas no incluye una actualización confirmada sobre los asesinatos de Jocelyn Ceballo Matrillé y Rosanny del Carmen Almonte Molina, ocurridos el 6 y 7 de noviembre, respectivamente. Por lo tanto, no es posible establecer todavía un nuevo total oficial a partir de esos dos hechos.