Posibles Sentencias de Hasta Cuatro Décadas de Prisión para Implicados en Alegado Plan de Atentado Presidencial

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Los individuos presuntamente involucrados en un complot para atacar al presidente Luis Abinader podrían enfrentar condenas de hasta cuarenta años de cárcel, si se confirman los delitos de terrorismo y asociación ilícita imputados por el Ministerio Público. La acusación provisional incluye asociación de malhechores y tentativa de actos terroristas, con audiencias de medida de coerción programadas para determinar la situación de los investigados, entre ellos Delvinson De la Cruz Sosa.

Desde cinco hasta diez años de reclusión por conformación de grupos criminales agravada, y sanciones que podrían extenderse a los cuarenta años por delitos vinculados al terrorismo, son algunas de las penas a las que se expondrían los señalados en la supuesta conspiración para atentar contra la vida del mandatario Luis Abinader, en caso de que las infracciones atribuidas por la fiscalía se demuestren y las normativas penales pertinentes resulten aplicables. La entidad acusadora imputa provisionalmente la formación de grupos delictivos y el intento de acciones terroristas a los investigados por una presunta trama que se habría planeado para ejecutarse durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución, el 6 de noviembre pasado. Entre los principales señalados se encuentra Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, contra quien el Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva. La audiencia de medida de coerción está fijada para este martes 10 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte.

¿Cuántos años de prisión podrían enfrentar?

El nuevo Código Penal dominicano, establecido por medio de la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26, contempla en su artículo 373 sentencias de cinco a diez años de encierro por asociación de malhechores agravada, cuando se cumplen las condiciones definidas para dicha infracción, incluyendo la conexión con actividades terroristas. Igualmente, el artículo 154 establece penas de uno a dos años de prisión por ciertas amenazas de muerte. Sin embargo, las amenazas deben distinguirse de los cargos formalmente atribuidos en este expediente, que incluyen asociación de malhechores y tentativa de terrorismo.

Respecto a los actos terroristas, la Ley 267-08 prevé sanciones para determinadas conductas y determina que el intento de crímenes terroristas puede ser castigado como el delito consumado, siempre que se prueben los elementos requeridos para configurar esa infracción. Aunque algunas de las penas estipuladas para delitos de terrorismo pueden llegar a los 40 años de prisión, esa cifra no representa una condena automática para los investigados. Su aplicación dependerá de los hechos comprobados, los artículos legales correspondientes y la responsabilidad individual de cada imputado. La legislación dominicana también establece reglas sobre el concurso de infracciones y la acumulación de penas. No obstante, no todas las sanciones pueden sumarse automáticamente, ya que debe determinarse si corresponden a delitos independientes o a una misma conducta.

Según el expediente de 57 páginas presentado por el Ministerio Público, el presunto ataque habría sido planeado para el pasado viernes 6 de noviembre, durante las actividades oficiales por el Día de la Constitución. Las indagaciones indican que los involucrados habrían intercambiado información sobre la preparación de artefactos explosivos, los movimientos del presidente y posibles vías de escape después de la supuesta ejecución del atentado. El Ministerio Público sostiene que los participantes utilizaron plataformas digitales como Telegram, WhatsApp, Instagram y Zangi para comunicarse y coordinar acciones relacionadas con el presunto plan. Conforme a las investigaciones, De la Cruz Sosa habría gestionado un grupo de Telegram denominado «Trinitarios Élite», supuestamente utilizado para organizar actividades relacionadas con la trama. Las autoridades también identificaron un grupo de WhatsApp denominado «Élite Privado», que habría sido empleado para promover movilizaciones y reclutar participantes.

De la Cruz Sosa fue detenido durante un allanamiento ejecutado el pasado 3 de noviembre en un apartamento situado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís. Como parte de las investigaciones, las autoridades también registraron la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, establecimiento donde trabajaba el imputado. Durante los operativos se confiscaron equipos electrónicos y sustancias químicas que están siendo analizados para determinar si tienen relación con la presunta planificación del atentado. También se ha informado sobre el hallazgo de armas, pertrechos militares y materiales supuestamente explosivos. No obstante, la naturaleza y capacidad de estos últimos deben ser determinadas mediante los análisis periciales correspondientes.

Conocerán medida de coerción este martes

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte tiene programado conocer este martes 10 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, la solicitud de tres meses de prisión preventiva contra De la Cruz Sosa. La audiencia fue aplazada previamente a petición de sus abogados defensores, quienes solicitaron tiempo adicional para revisar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El abogado Jerso Liranzo explicó que necesitaba examinar completamente la solicitud de medida de coerción y los elementos probatorios antes de exponer los argumentos de defensa. La decisión que tome el tribunal determinará las condiciones en que el imputado enfrentará la investigación, sin que ello constituya una declaración de culpabilidad.

Segundo implicado niega participación en el supuesto atentado

Otro de los investigados es Leomar Antonio Brens Brito, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales en San Francisco de Macorís tras enterarse de que su nombre figuraba en el expediente. Brens Brito, quien se dedica a la rotulación, pintura de letreros y diseño gráfico, negó cualquier participación en el presunto atentado y aseguró que su vínculo con una de las personas investigadas se limitó a una petición de trabajo. «Yo soy pintor de letras y ese muchacho fue dos veces a la casa para que le hiciera un letrero. Como yo me dedico a eso, seguro alguien le dijo: mira, ve donde fulano», declaró a los medios de comunicación. El hombre sostuvo que no llegó a confeccionar los letreros solicitados, aseguró que carece de antecedentes penales y ofreció disculpas públicas al presidente Abinader, reiterando que nunca ha proferido amenazas contra el mandatario. Asimismo, agradeció el trato recibido por parte de los agentes policiales desde el momento de su entrega voluntaria.