Los abogados que representan a más de un centenar de víctimas en la Operación Gaviota, un presunto esquema piramidal, han expresado su preocupación por los numerosos aplazamientos en el proceso judicial. Atribuyen estos retrasos a tácticas dilatorias de la defensa, lo que ha generado desilusión entre los afectados. El caso, que involucra a miles de personas, lleva casi un año en la fase de juicio de fondo sin avances significativos.
Los profesionales del derecho que defienden a más de cien individuos, de los al menos cuatro mil impactados, en la supuesta estafa tipo piramidal asociada a la compañía Investor Winner, conocida como Operación Gaviota, han cuestionado los más de veinte aplazamientos que, según sus declaraciones, ha acumulado el procedimiento legal. Este lleva aproximadamente un año en la etapa de juicio sustantivo. Los letrados Emmanuel Rivera Rodríguez y Misael Rodríguez atribuyeron las dilaciones a presuntas maniobras obstructivas por parte de las defensas de los acusados. Entre estas mencionaron los cambios de representantes legales, la sustitución de defensores públicos, problemas de salud y la falta de traslado de algunos procesados al juzgado.
Rivera Rodríguez sostuvo que estas circunstancias han provocado el desánimo de las personas perjudicadas, muchas de las cuales, según indicó, han comenzado a perder la esperanza de conseguir una resolución judicial tras tanto tiempo de espera. «Las víctimas, evidentemente, ya prácticamente han perdido la fe en la justicia a causa de estos incidentes», manifestó el abogado al explicar las razones de su reclamo.
Al detallar las situaciones que, a su parecer, han impedido el progreso del juicio, Rivera Rodríguez señaló que algunos acusados han cambiado de defensores públicos durante el desarrollo del proceso, lo que ha generado nuevos contratiempos y demoras. También criticó las dificultades para trasladar a los procesados que se encuentran privados de libertad hasta la sede judicial, situación que, según explicó, ha provocado que algunas audiencias no puedan llevarse a cabo con normalidad. Como ejemplo, relató que abogados y víctimas deben viajar desde provincias como La Altagracia para asistir a los encuentros judiciales y, en ocasiones, regresar a sus localidades sin que se haya avanzado en el conocimiento del caso. «¿Cómo es posible que por un traslado, donde ellos no mueven al imputado, tengamos que nosotros venir de Higüey cada vez que hay audiencia, y un aplazamiento dura, por ejemplo, diez minutos, y ya uno tiene que volver a su hogar?», preguntó.
El abogado indicó que entre las personas afectadas hay residentes de Santiago, Cotuí, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional, El Seibo y La Romana, quienes deben trasladarse para seguir el expediente.
Los representantes de las víctimas también manifestaron inquietud por supuestas irregularidades administrativas en la gestión de los roles de audiencia. En ese sentido, señalaron que han observado situaciones en las que, según su explicación, algunos imputados que se encuentran en libertad aparecen registrados como presos, mientras que otros que están privados de libertad figuran como si estuvieran libres. A juicio de los abogados, esas inconsistencias generan incertidumbre entre las víctimas y afectan la confianza en el desarrollo del proceso. Los juristas hicieron un llamado al Poder Judicial para que se preste atención a estas dificultades y se adopten medidas que permitan evitar nuevas interrupciones en el conocimiento del expediente.
Rivera Rodríguez explicó que la presunta estafa habría afectado a más de 4,000 familias, aunque aclaró que no todas acudieron ante las autoridades para presentar denuncias o constituirse en querellantes. Indicó que en el proceso se han formalizado querellas correspondientes a más de 400 familias y que el equipo legal que representa junto a Misael Rodríguez lleva la representación de más de 100 víctimas. A pesar de las demoras que denuncian, los abogados aseguraron que cuentan con elementos probatorios para sustentar las reclamaciones de sus representados y manifestaron su expectativa de que el tribunal pueda avanzar hasta emitir una decisión favorable a los afectados.
El caso Gaviota, también denominado Operación Gaviota, es una indagación del Ministerio Público contra una supuesta estructura que habría empleado la empresa Investor Winner para captar capital de inversores mediante promesas de altos retornos económicos. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el esquema operó entre 2020 y 2024 y ofrecía ganancias mensuales de entre un 10 % y un 30 %, bajo el argumento de que los recursos serían destinados a actividades bursátiles y operaciones de trading. La estructura habría utilizado plataformas digitales y redes sociales para atraer a nuevos participantes, quienes entregaban dinero con la expectativa de recibir beneficios económicos periódicos. El Ministerio Público atribuye a la presunta red la movilización de más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, mediante un mecanismo que habría funcionado bajo el modelo piramidal o esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas se realizaban con los recursos aportados por nuevos integrantes.
La Operación Gaviota fue iniciada por el Ministerio Público mediante allanamientos y detenciones contra personas señaladas de formar parte de la estructura investigada. En octubre de 2025, un tribunal dispuso la apertura a juicio de fondo contra los implicados, quienes enfrentan acusaciones por presuntos delitos de estafa, asociación de malhechores, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos, entre otras infracciones. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de juicio de fondo, en la que las partes deben presentar y debatir sus pruebas ante el tribunal. Los abogados de las víctimas indicaron que el Ministerio Público ya había concluido sus conclusiones y que correspondía a los representantes de los querellantes continuar con sus planteamientos, por lo que esperaban avanzar con la presentación de testigos y pruebas documentales y financieras. Los representantes legales insistieron en que las demoras prolongadas afectan a las personas que esperan recuperar sus recursos y obtener una respuesta judicial por las pérdidas económicas que atribuyen a la presunta estructura fraudulenta.