Coordinador del ERPP Destaca en la ONU la Elección Histórica de Juez de Carrera para Presidir la Suprema Corte

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Durante una sesión de la ONU en Viena, el coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), doctor Manuel Conde, presentó la elección de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia como un hito crucial para la independencia judicial dominicana. Esta selección, al ser el primer magistrado de carrera en ocupar el cargo desde 2001, fue señalada como una buena práctica fundamental en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos, reforzando la seguridad jurídica del país.

VIENA, Austria. – La designación de Justiniano Montero Montero como titular de la Suprema Corte de Justicia fue presentada ante las Naciones Unidas como un logro sin precedentes para la autonomía judicial en República Dominicana. Esto ocurrió durante una presentación sobre prácticas ejemplares en la batalla contra la corrupción y la recuperación de bienes. La evaluación fue realizada por el doctor Manuel Conde, quien coordina el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), durante su intervención el martes 3 de noviembre en una sesión sobre recuperación de activos y colaboración internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

“Constituye un acontecimiento trascendental para la República Dominicana: fortalece la certeza jurídica y la independencia del Poder Judicial”, afirmó el abogado, refiriéndose a la elección de Montero, que fue aprobada por unanimidad el día anterior por el Consejo Nacional de la Magistratura, liderado por el presidente Luis Abinader.

El experto jurídico enfatizó que Montero se ha convertido en el primer magistrado con trayectoria dentro de la carrera judicial en asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia desde que se implementó el sistema de selección actual en 2001.

Esta designación fue presentada como la primera de seis buenas prácticas dominicanas en el ámbito de la recuperación de activos, al considerar que la autonomía de los organismos encargados de investigar y juzgar casos de corrupción es un componente esencial para asegurar resultados efectivos.

En este contexto, Manuel Conde también subrayó la reforma constitucional de 2024, que confirió al Consejo Nacional de la Magistratura la potestad de nombrar al procurador general de la República a sugerencia del presidente, así como la designación de Yeni Berenice Reynoso, quien proviene de la carrera del Ministerio Público.

Recuperación del patrimonio público

Al abordar los resultados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, Conde informó que las acciones del Estado como parte querellante y civil han permitido recuperar más de RD$165,000 millones.

Otra de las prácticas mencionadas fue la coordinación entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para potenciar la prevención, investigación y persecución de actos corruptos.

Acerca del trabajo de la DIGEIG, bajo la dirección de Milagros Ortiz Bosch, indicó que la institución organiza 191 comisiones y oficiales de integridad en diversas entidades públicas.

El delegado dominicano también expuso los acuerdos de restitución de fondos bajo control judicial, la implementación de la extinción de dominio y la gestión especializada de bienes incautados. A esto añadió la actualización de los códigos Penal y Procesal Penal como parte de las iniciativas para combatir la corrupción y fortalecer las herramientas legales del Estado.

Conde reconoció, no obstante, que el país todavía enfrenta obstáculos para lograr que los procesos culminen con sentencias definitivas, ejecutar esas decisiones y recuperar activos que se encuentran en otras jurisdicciones.

Frente a este escenario, planteó la necesidad de reforzar la asistencia judicial internacional y los mecanismos para el reconocimiento de las decisiones dominicanas de decomiso, indemnización civil a favor del Estado y extinción de dominio.

Delegación dominicana

La participación del país fue organizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, por iniciativa de su titular, Milagros Ortiz Bosch, y acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La delegación estuvo liderada por la embajadora Gilka Meléndez e integrada por Manuel Conde y Mario José Gallego Cosme, primer secretario de la Misión Permanente de la República Dominicana en Viena.

Durante su presentación, Conde defendió la recuperación del patrimonio público como una política de Estado y destacó la relevancia de que los recursos sustraídos al país puedan regresar para beneficio de la ciudadanía.