El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) ha presentado una propuesta para que las contribuciones por gestión de residuos sólidos, establecidas en la Ley No. 98-25, se calculen no solo por facturación, sino también por el tipo de actividad económica y la cantidad real de desechos generados. Esta iniciativa busca asegurar que las empresas contribuyan de manera proporcional a su impacto ambiental, promoviendo un sistema más justo y equitativo para todos los sectores productivos del país.
El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) ha planteado que los aportes financieros estipulados en la Ley No. 98-25, la cual reforma la Ley No. 225-20 referente a la Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, deberían determinarse no exclusivamente por el nivel de ingresos de las compañías, sino también considerando la índole de la operación comercial y el volumen de desechos que realmente se producen. Esta iniciativa fue comunicada oficialmente a la atención del presidente de la República, Luis Abinader; al presidente del Senado, Ricardo de los Santos; al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón; y al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini.
El razonamiento del CNCP se fundamenta en la premisa de que un esquema de contribuciones ecológicas debe mantener una correspondencia lógica con la repercusión ambiental de cada actividad económica, buscando que aquellos que originen mayores cantidades de desechos sólidos aporten en una medida que concuerde con la presión que ejercen sobre el sistema nacional de manejo de residuos. La organización explicó que el comercio mayorista de provisiones representa uno de los principales canales de suministro de alimentos y productos básicos en la nación. A diferencia de otras operaciones mercantiles, su función primordial se centra en la comercialización y distribución de bienes acabados, operando con márgenes de beneficio reducidos y generando volúmenes de desechos sustancialmente menores que los producidos por industrias o actividades de transformación.
El presidente del CNCP, ingeniero Jorge A. Jerez Espinal, manifestó que la entidad apoya completamente los propósitos de la legislación ambiental y reconoce la relevancia de fortalecer un sistema moderno y perdurable para el manejo integral de los residuos sólidos. “Nuestra propuesta no busca excepciones ni tratos preferenciales para el comercio. Lo que impulsamos es un principio de equidad ecológica: que las contribuciones guarden una relación razonable con la cantidad de desechos efectivamente generados por cada actividad económica. Quien produce un mayor impacto sobre el sistema debe contribuir en una mayor proporción a su sostenibilidad”, puntualizó.
Jerez señaló que integrar criterios de proporcionalidad contribuiría a fortalecer la legitimidad de la normativa, asegurando un trato más equitativo entre los diversos sectores productivos y preservando la competitividad de actividades estratégicas para el abastecimiento nacional. El líder empresarial resaltó que el CNCP mantiene una postura constructiva y de cooperación con las autoridades, convencido de que la protección del medio ambiente y el progreso económico son metas complementarias que pueden lograrse mediante políticas públicas edificadas sobre la base del diálogo, la evidencia técnica y la búsqueda de acuerdos.
La postura institucional del CNCP se presenta en un momento en que diversos actores del sector empresarial han enfatizado la importancia de fortalecer los espacios de consulta, análisis técnico y conversación en torno a las modificaciones de la legislación sobre residuos sólidos, con el objetivo de consolidar un marco normativo duradero, balanceado y ampliamente consensuado.
