Exfiscal detalla cuatro retos cruciales para la gestión de Justiniano Montero en la Suprema Corte

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El exfiscal del Distrito Nacional y expresidente del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, ha identificado cuatro desafíos fundamentales para la nueva presidencia de Justiniano Montero en la Suprema Corte de Justicia. Estos incluyen asegurar la independencia financiera del Poder Judicial, expandir el acceso a la justicia, garantizar la ejecución de fallos judiciales y reforzar la supervisión disciplinaria de los magistrados, buscando una administración judicial más eficaz y transparente.

En Santo Domingo, el antiguo fiscal del Distrito Nacional y expresidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), José Manuel Hernández Peguero, expuso este miércoles cuatro desafíos que considera esenciales para la dirección del recién nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero. Entre las prioridades, mencionó asegurar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, ampliar el acceso ciudadano a la justicia mediante la creación de nuevos juzgados, garantizar la aplicación de las resoluciones judiciales y reforzar los sistemas de supervisión y control disciplinario de los jueces.

Durante una entrevista en el programa El Día, Hernández afirmó que estas metas deben guiar los esfuerzos de la nueva administración judicial para optimizar el funcionamiento de los tribunales y asegurar una justicia más eficiente y clara. Asimismo, criticó que el Gobierno haya disminuido en más de la mitad los fondos asignados al Poder Judicial y al Ministerio Público, en comparación con las partidas establecidas por la ley. Subrayó que en gestiones anteriores estas reducciones no excedían el 25%, por lo que consideró imprescindible reclamar los recursos necesarios para asegurar la operatividad de ambas entidades.

Como segunda prioridad, señaló la necesidad de aumentar la disponibilidad de justicia a través de la instalación de los tribunales pendientes en el país. Hernández Peguero indicó que, según un estudio realizado hace varios años, faltaban por establecer más de 100 juzgados, cifra que podría haberse incrementado debido a nuevas iniciativas legislativas relacionadas con la jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria. Consideró que la puesta en marcha de estas dependencias permitiría acercar los servicios judiciales a la población y atender las necesidades de los distintos distritos judiciales.

El tercer punto clave se relaciona con asegurar que las sentencias judiciales sean ejecutadas y que los ciudadanos beneficiados puedan hacer valer los derechos reconocidos por los tribunales. “¿De qué vale una decisión judicial si no puede ser cumplida?”, cuestionó Peguero al argumentar que el Poder Judicial debe trascender una visión enfocada exclusivamente en dictar sentencias y asumir una mayor participación en los mecanismos destinados a garantizar su cumplimiento. Explicó que, si bien existen procedimientos legales para exigir la ejecución de una resolución, los ciudadanos pueden enfrentar nuevos obstáculos incluso después de obtener un fallo favorable.

Como cuarta prioridad, propuso fortalecer la transparencia, la inspección judicial y los mecanismos disciplinarios para investigar posibles actuaciones irregulares de los jueces. El exfiscal criticó la ausencia de información pública sobre sanciones y procesos disciplinarios contra magistrados, y consideró que esa situación no significa necesariamente que no existan conductas que deban ser investigadas.

Al referirse a la designación de Justiniano Montero Montero, Hernández Peguero valoró que el nuevo presidente de la Suprema Corte haya manifestado su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento institucional. No obstante, insistió en que estas declaraciones deben concretarse en medidas tangibles que permitan mejorar la supervisión judicial, garantizar recursos adecuados y facilitar el cumplimiento de las decisiones de los tribunales. El exfiscal reiteró que la eficacia de la justicia no debe medirse únicamente por la cantidad de sentencias emitidas, sino también por la capacidad de asegurar que esas decisiones se cumplan y generen resultados para los ciudadanos.