El Movimiento Justicia Jet Set ha expresado su indignación ante la celebración del cumpleaños número 61 de Antonio Espaillat, dueño de la discoteca Jet Set, mientras enfrenta un juicio por el trágico derrumbe del local que causó 236 muertes. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes cuestionan la aparente falta de remordimiento del empresario, destacando su preocupación por el dinero y la búsqueda de impunidad en el proceso judicial.
En Santo Domingo, República Dominicana, el Movimiento Justicia Jet Set emitió un comunicado este miércoles, expresando su descontento por el hecho de que Antonio Espaillat, propietario de la Discoteca Jet Set, celebrara su cumpleaños número 61 "en su casa, con una fiesta y pastel". Esto ocurre después del colapso de su establecimiento, que resultó en 236 fallecimientos el 8 de abril de 2025.
La organización, compuesta por familiares de las víctimas y sobrevivientes, manifestó que al empresario solo le interesan sus finanzas y evitar la condena en el proceso legal que se sigue en su contra y el de su hermana, Maribel Espaillat. "Un privilegio que 174 niños huérfanos no podrán disfrutar junto a sus padres", aseveró el movimiento, añadiendo que Espaillat ha actuado con indiferencia, sin arrepentimiento, y ha demostrado despreocupación por el sufrimiento ajeno.
“Por estos 236 rostros que se muestran en este video, continuaremos demandando justicia. La justicia que merecen. Antonio festeja hoy, y nos encontraremos el 10 de diciembre”, advirtieron.
Juicio caso Jet Set
El proceso judicial contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, se reiniciará completamente ante un tribunal colegiado. Esto sucede después de que el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, decidiera modificar la clasificación legal de los hechos vinculados al desplome del techo del local.
Esta determinación se da en el marco del procedimiento judicial por la catástrofe ocurrida en la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca se derrumbó mientras un gran número de personas se encontraban en su interior. El incidente provocó 236 muertes y dejó 183 heridos, según los datos presentados durante el proceso.
El magistrado aceptó la petición formulada por varios abogados de las víctimas, querellantes, actores civiles y acusadores particulares, quienes buscaban que los hechos no fueran juzgados únicamente como homicidio involuntario, sino bajo la figura del dolo eventual, que implica la previsión de un posible daño y la aceptación del riesgo de que ocurra.
La imputación inicial del Ministerio Público atribuía a los hermanos Espaillat cargos de homicidio involuntario y lesiones involuntarias. La modificación solicitada por los representantes de las víctimas busca que las responsabilidades penales sean evaluadas bajo una calificación más severa.
Al explicar su resolución, González Castillo afirmó que la modificación de la calificación jurídica puede realizarse sobre los mismos hechos, sin necesidad de alterarlos ni añadir nuevos. El juez indicó que durante el juicio se pueden identificar elementos cognitivos y volitivos relacionados con el dolo eventual, conforme a los artículos 295 y 309 del Código Penal mencionados en su fallo.
No obstante, desestimó las circunstancias agravantes vinculadas con un crimen precedido, seguido o acompañado de otro crimen, al considerar que sus fundamentos no habían sido justificados hasta ese momento procesal. También rechazó la solicitud de ampliar la acusación y las supuestas infracciones a las leyes de urbanización e ingeniería, por entender que no se presentaron elementos nuevos ni circunstancias que justificaran dicha modificación.
El magistrado aclaró que variar la calificación jurídica no significa reemplazar un delito por otro distinto y sostuvo que el tribunal de juicio no está obligado a mantener la calificación establecida durante la etapa preliminar.
Fallas estructurales bajo investigación
En el expediente, el Ministerio Público atribuye el colapso a supuestas deficiencias estructurales y a decisiones que habrían incrementado la carga sobre el techo del establecimiento. Según la acusación, entre los elementos que habrían contribuido a esa sobrecarga se incluyen la instalación de equipos de climatización de gran peso y depósitos de agua, sin los estudios técnicos que garantizaran la capacidad de resistencia de la estructura.
El órgano acusador también sostiene que existían indicios de deterioro y que se tomaron medidas insuficientes para corregirlos. Estas acusaciones forman parte de las imputaciones que deberán ser examinadas judicialmente y no constituyen, por sí solas, una declaración definitiva de culpabilidad contra los acusados.
¿Por qué el juicio comenzará desde cero?
La modificación de la calificación jurídica implica que el caso sea transferido a un tribunal con competencia para conocer infracciones cuya pena excede la atribuida a la Cuarta Sala Penal. Por esta razón, González Castillo ordenó remitir el expediente a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para que designe, mediante sorteo, uno de sus tribunales colegiados.
El proceso quedará suspendido y deberá reiniciarse completamente ante el tribunal que resulte apoderado, según informó el magistrado a las partes. La decisión modifica la calificación jurídica bajo la cual se analizarán los hechos, pero no representa una condena contra Antonio y Maribel Espaillat. La determinación de las responsabilidades penales corresponderá al tribunal que conozca el juicio.