El proceso judicial contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros implicados en presuntos actos de corrupción administrativa ha sido nuevamente interrumpido. La defensa ha recusado a dos magistradas del Tercer Tribunal Colegiado, a pesar de que una apelación anterior fue desestimada. Esta acción ha generado controversia y retrasos en el avance del caso, que ahora vuelve a la Corte de Apelación para una resolución.
El litigio que se lleva a cabo contra el ex titular de Hacienda, Donald Guerrero, y otros acusados por supuestos actos de malversación de fondos públicos, se vio afectado una vez más por una objeción legal este miércoles. La defensa volvió a impugnar a dos de las tres integrantes del Tercer Tribunal Colegiado, a pesar de que la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional había rechazado una objeción previa.
Esta reciente acción legal se dirigió específicamente contra las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, bajo el argumento de que su imparcialidad en el caso estaría comprometida. La objeción provocó la respuesta de ambas magistradas, quienes refutaron los motivos presentados por los abogados defensores, y también una reacción del Ministerio Público, que calificó la conducta como desleal y consideró que su objetivo era dilatar el avance del proceso.
El incidente será elevado nuevamente a la Corte de Apelación, la cual tendrá la responsabilidad de pronunciarse sobre la recusación. Entretanto, el tribunal ha fijado la continuación de la sesión judicial para el día 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
La defensa reitera objeciones a la imparcialidad
Los representantes legales de varios de los acusados fundamentaron la objeción en el artículo 80, numeral 10, del Código Procesal Penal. Consideran que existen circunstancias que ponen en duda la objetividad de las magistradas para seguir conociendo el expediente. Mediante este nuevo recurso, los abogados buscan insistentemente apartar a Martínez y Rodríguez de la dirección del proceso, incluso después de que la Segunda Sala de la Corte de Apelación desestimara una objeción anterior y ratificara la competencia del Tercer Tribunal Colegiado para continuar con el juicio.
La defensa solicitó que el incidente fuera remitido a la Corte de Apelación, junto con las actas y las resoluciones pertinentes, para que dicha instancia evalúe sus argumentos.
Las juezas refutan los alegatos
La magistrada Leticia Martínez describió la actuación de la defensa como desleal y argumentó que cuando una jueza comunica una decisión tomada por unanimidad, lo hace en representación del tribunal en su conjunto, no a título personal. En su opinión, si los abogados creían que existían razones serias que comprometían la imparcialidad, debieron haber dirigido su cuestionamiento contra el órgano colegiado. También consideró que la objeción estaba siendo utilizada para retrasar el proceso y recordó que este mecanismo no es una vía para impugnar decisiones jurisdiccionales.
Por su parte, la jueza Evelyn Rodríguez sostuvo que los motivos presentados por la defensa no se ajustan a la causal invocada en el artículo 80, numeral 10, del Código Procesal Penal. Rodríguez señaló que las resoluciones judiciales deben ser impugnadas a través de los recursos establecidos por la ley y no mediante recusaciones. Además, hizo referencia al artículo 135 del Código Procesal Penal, que trata sobre el deber de lealtad procesal, y mencionó que este tipo de acciones dificulta el progreso del juicio y genera mayores gastos y tiempo para el sistema judicial.
El Ministerio Público alude a deslealtad procesal
Después de la audiencia, el Ministerio Público también criticó la nueva objeción y la catalogó como un acto de deslealtad procesal. El órgano acusador explicó que la Corte de Apelación ya había rechazado una recusación previa y confirmado que el Tercer Tribunal Colegiado poseía la calidad y la autoridad para conocer el expediente.
Asimismo, relacionó el nuevo incidente con una resolución adoptada durante la audiencia a petición de la Fiscalía: la separación del proceso respecto de uno de los imputados que se encuentra enfermo, medida que el tribunal aceptó por razones humanitarias para permitir que el juicio pudiera continuar. El Ministerio Público consideró que la defensa reaccionó con una nueva objeción después de que las juezas aceptaran esa solicitud.
También valoró que el tribunal advirtiera a los abogados que, si vuelven a incurrir en conductas desleales, serán sancionados de acuerdo con las disposiciones del Código Procesal Penal. La advertencia no implica que se haya impuesto una sanción en esta audiencia, sino que el tribunal señaló las consecuencias que podrían derivarse de futuras actuaciones de esa naturaleza.
Un caso de gran trascendencia económica
Donald Guerrero, quien ejerció como ministro de Hacienda entre 2016 y 2020, figura entre los acusados en un expediente de supuesta corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, habría causado un perjuicio al Estado dominicano superior a los RD$19,000 millones. La acusación imputa a los procesados su participación en un esquema de irregularidades durante la gestión de Guerrero en dicha institución. Las imputaciones forman parte de un proceso en el que el órgano acusador busca establecer responsabilidades penales, las cuales deberán ser determinadas por los tribunales.
Con la nueva recusación, la continuidad del juicio vuelve a depender de una resolución de la Corte de Apelación sobre la conformación del tribunal que debe seguir conociendo el expediente. La audiencia fue pospuesta y reprogramada para el miércoles 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.