Un tribunal ha ordenado que John Raymond Durán Villar, el individuo que chocó una camioneta contra el Palacio Nacional en febrero de 2024, sea internado en un centro psiquiátrico por un periodo de cinco años. Este incidente causó daños significativos a la sede gubernamental y dejó a dos militares heridos. La resolución judicial resalta la importancia de la salud mental del involucrado en el proceso legal.
SANTO DOMINGO.– Una instancia judicial ha determinado el internamiento de John Raymond Durán Villar en una institución de salud mental por cinco años. Durán Villar es el individuo que, en febrero de 2024, accedió al Palacio Nacional conduciendo una camioneta, provocando deterioros en las dependencias de la sede gubernamental y dejando a dos miembros del ejército lesionados. Esta resolución, dada a conocer el jueves por un medio de prensa nacional, añade un nuevo episodio al proceso judicial de un suceso que generó cuestionamientos sobre el estado de salud mental del implicado y los pormenores de la irrupción en la casa de gobierno.
El incidente ocurrió la noche del 4 de febrero de 2024, cuando Durán Villar impactó una camioneta marca Chevrolet Colorado contra las rejas metálicas del Palacio Nacional, situadas en la avenida México. Luego de derribar los puntos de acceso, continuó su trayectoria hasta alcanzar el área de estacionamiento presidencial, donde colisionó con otro vehículo. Durante el acontecimiento, resultaron heridos el sargento Westel Jiménez Hernández y el soldado Erick Castillo Tejada, ambos pertenecientes al Ejército de República Dominicana y asignados a la seguridad de la residencia presidencial. Ambos sufrieron heridas graves y requirieron atención en centros médicos.
En aquel momento, el Ministerio Público imputó al conductor la presunta comisión de delitos relacionados con un intento de agresión contra la vida del presidente de la República y tentativa de homicidio contra los militares. Según las declaraciones recopiladas en la solicitud de medida de coerción, tras ser detenido, Durán Villar habría manifestado que el mandatario había perjudicado a su familia y solicitó perdón.
La condición psiquiátrica del acusado fue uno de los elementos que marcó el procedimiento desde sus etapas iniciales. En febrero de 2024, una organización comunitaria pidió que se investigara su estado de salud mental y su entorno familiar, mientras que su defensa también solicitó la realización de una evaluación psicológica para determinar si estaba en condiciones de enfrentar cargos penales por los hechos. En junio de ese mismo año, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó su liberación incondicional.
Los jueces justificaron su determinación alegando que no había sido presentado ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas posteriores a su arresto, como lo establece la Constitución dominicana. Dicha resolución respondió a una infracción procesal y no representó una absolución de los cargos. Con la nueva disposición de cinco años de internamiento psiquiátrico, el caso vuelve a poner en el centro del debate la respuesta judicial ante individuos cuya condición de salud mental influye en su responsabilidad penal y en la clase de medida que debe aplicarse.