Imponen fianza de RD$25,000 y presentación periódica a hombre que amenazó a embajador en redes sociales

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Un individuo ha sido sometido a medidas de coerción tras ser acusado de proferir amenazas contra un embajador dominicano a través de perfiles falsos en plataformas digitales. La justicia ha dictaminado una garantía económica de RD$25,000 y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, como parte de la investigación en curso por estos graves hechos.

A petición del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplicó medidas de coerción a un hombre bajo investigación por intimidar a un diplomático dominicano utilizando identidades falsas en plataformas digitales. Marvin Dariel Acosta, el imputado, deberá pagar una garantía económica de RD$25 mil mediante un contrato de fianza y comparecerá regularmente durante seis meses ante la entidad investigadora por los actos cometidos contra Bartolomé Pujals, quien representa a la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Acosta, de 24 años, fue detenido en su domicilio en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, luego de que se ejecutara en su contra la orden judicial No. 2026-AJ0083675. La Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a través de su División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI), identificaron al procesado como el autor de las intimidaciones dirigidas al embajador por medios electrónicos.

Durante el proceso de investigación, se documentaron amenazas con frases explícitas como: “¡Cuídese, que voy por usted, es su cabeza que quiero!” y “¡Ya le llegó su hora!”. La jueza Cecilia Toribio fue quien dictó las medidas cautelares. En relación con los hechos, el investigado declaró que no tenía ningún conocimiento personal de la persona a quien amenazó.

Después de su arresto, el Ministerio Público procedió a su puesta a disposición judicial y solicitó la imposición de las medidas de coerción contempladas en el artículo 226-1, 3 y 4, las cuales incluyen una garantía económica, la obligación de someterse al cuidado y supervisión de una persona o entidad específica, y la presentación periódica. El Ministerio Público ha clasificado jurídicamente de manera provisional el caso como una violación al artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona la suplantación de identidad, y los artículos 305 y 306 del Código Penal Dominicano, que tipifican las amenazas.