Un tribunal ha impuesto cuatro medidas coercitivas a un hombre de 29 años, investigado por supuestas amenazas dirigidas al presidente Luis Abinader y la planificación de un ataque terrorista. Las disposiciones incluyen una fianza millonaria, comparecencias periódicas, prohibición de salir del país y supervisión paterna, a pesar de que la fiscalía había solicitado prisión preventiva. La decisión judicial busca asegurar el proceso mientras se investigan los graves cargos imputados.
El magistrado Wilton Oniel Peguero, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte, ha ordenado cuatro medidas de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años. Este individuo está siendo investigado por el Ministerio Público debido a presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader y la supuesta organización de un ataque terrorista en su contra. Las determinaciones judiciales comprenden una fianza económica de un millón de pesos dominicanos en efectivo, la obligación de presentarse cada quince días ante el Ministerio Público, la prohibición de abandonar el país y la necesidad de permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su progenitor durante los seis meses que durarán estas disposiciones.
Esta decisión fue tomada a pesar de que el fiscal litigante, Engels Luis Polanco, había pedido prisión preventiva para el acusado, a quien el órgano acusador vincula con una investigación por supuestas amenazas dirigidas al jefe de Estado y la planificación de actos terroristas.
De la Cruz Sosa fue detenido por medio de una orden judicial durante un cateo efectuado en un apartamento situado en el segundo nivel de una vivienda en la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís, lugar donde reside. Como parte de las diligencias, las autoridades también registraron la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch del mismo municipio, establecimiento donde el investigado labora.
Según el Ministerio Público, organismos de inteligencia detectaron y alertaron sobre las presuntas intenciones del sujeto, lo que condujo a las investigaciones que culminaron con su arresto. Durante los operativos, se confiscaron dispositivos electrónicos y sustancias químicas, las cuales están siendo analizadas para establecer su posible relación con los hechos bajo indagación. La solicitud de allanamiento indicaba que los fiscales buscaban localizar teléfonos móviles, tabletas, computadoras, armas de fuego, equipos militares, artefactos explosivos y otros elementos que pudieran guardar conexión con las supuestas amenazas.
La indagatoria cuenta con el respaldo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con los documentos judiciales, el supuesto atentado contra el presidente Luis Abinader habría sido planeado para el 6 de noviembre de 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución.
La jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte, autorizó los allanamientos tras evaluar una solicitud del Ministerio Público con fecha del 16 de octubre de 2026, relacionada con la presunta planificación del atentado. La orden de arresto fue solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, como parte de las diligencias para esclarecer los hechos.