Presidente Abinader Reconoce Fallas en Controles de Senasa Desde su Origen

Nacionales
El presidente Luis Abinader admitió que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) carecía de controles internos adecuados desde su creación, incluyendo la ausencia de una Unidad de Auditoría Interna y un consejo de administración efectivo. Estas deficiencias estructurales salieron a la luz tras un escándalo de corrupción que involucra a la aseguradora estatal y una investigación del Ministerio Público sobre un presunto fraude millonario.

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader reconoció que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) presentaba deficiencias estructurales en sus sistemas de supervisión y fiscalización desde el momento de su fundación. Afirmó que la institución funcionó sin una Unidad de Auditoría Interna y sin un consejo de administración que ejerciera una supervisión efectiva sobre sus decisiones. “Ahí realmente hubo una falla de control desde su fundación”, manifestó el mandatario este lunes durante La Agenda Semanal, al referirse a las carencias institucionales que se hicieron evidentes tras el escándalo de corrupción que afecta a la aseguradora pública.

La admisión ocurre en medio de una investigación del Ministerio Público que imputa a una supuesta red de corrupción un daño económico superior a los RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024. Según la acusación, el esquema habría operado mediante acuerdos contractuales irregulares, solicitudes de pago por servicios médicos que supuestamente no se prestaron y desembolsos de sobornos para favorecer a ciertos proveedores.

Abinader explicó que, debido a la naturaleza de Senasa como una entidad pública descentralizada, la institución no disponía de una estructura de supervisión equivalente a la de otras dependencias estatales, una situación que limitaba los mecanismos de control sobre sus operaciones administrativas y financieras.

Los controles que el Gobierno busca instalar

El presidente señaló que las deficiencias empezaron a corregirse mediante la creación de un consejo de administración, la implementación de una Unidad de Auditoría Interna y la aprobación de un reglamento para reforzar la supervisión de las contrataciones.

Uno de los aspectos resaltados por el mandatario se relaciona con los acuerdos entre Senasa y los proveedores de servicios de salud. Explicó que estos pactos no estaban sujetos a la Ley 340 de Compras y Contrataciones Públicas, por lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas carecía de autoridad para fiscalizar esos procedimientos.

Como respuesta, el Gobierno estableció, a través de un decreto, un procedimiento que estipula que los contratos con proveedores de servicios de salud deben ser revisados por el consejo de Senasa antes de su aprobación, con el objetivo de intensificar la evaluación y supervisión de esos compromisos.

Las medidas forman parte de un proceso de reorganización institucional que ya había iniciado en diciembre de 2025, cuando el Poder Ejecutivo ordenó modificaciones al reglamento orgánico de la aseguradora y dispuso la conformación de una comisión técnica del Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud, mediante el Decreto 722-25.

Abinader plantea modificar la ley de Senasa

El mandatario consideró que las nuevas disposiciones no deben limitarse únicamente a reglamentos y decisiones administrativas, sino que deben incorporarse a la legislación que rige la institución. “Yo pienso que hay que cambiar la ley de Senasa e incorporar esos controles”, manifestó, al proponer una modificación del marco legal para establecer mecanismos permanentes de supervisión y reducir las probabilidades de que se repitan las debilidades identificadas.

Abinader también informó que el Gobierno está evaluando aplicar mecanismos similares en otras dos instituciones públicas, aunque evitó revelar sus nombres para no generar la impresión de que existen irregularidades particulares en esas entidades.

El escándalo que puso a Senasa bajo investigación

El caso Senasa se hizo público en 2025, luego de denuncias sobre irregularidades financieras y cuestionamientos relacionados con demoras en los pagos a proveedores de servicios de salud. Posteriormente, el Ministerio Público puso en marcha la denominada Operación Cobra, mediante la cual presentó una acusación contra diez personas por su presunta participación en una red de corrupción que habría causado pérdidas superiores a los RD$15,900 millones.

De acuerdo con el expediente, las operaciones investigadas habrían incluido manipulación de procesos internos, reclamaciones fraudulentas por servicios médicos, uso de empresas ficticias y sobornos para beneficiar a determinados proveedores. El caso también tuvo una nueva fase denominada Senasa 2.0, en la que las autoridades investigaron presuntas autorizaciones fraudulentas por más de RD$41 millones y solicitaron medidas de coerción contra otros imputados.

Las declaraciones del presidente vuelven a poner bajo escrutinio la estructura institucional de la aseguradora estatal y abren el debate sobre los controles que debieron operar para salvaguardar los recursos destinados a asegurar la atención médica de millones de afiliados.