Fuerza del Pueblo Demanda Investigación a Programa Supérate por Irregularidades

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El partido Fuerza del Pueblo ha solicitado formalmente a la Cámara de Cuentas y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que investiguen el programa Supérate. Las denuncias se centran en presuntas irregularidades en la incorporación de beneficiarios y el manejo de fondos, lo que podría implicar un uso indebido de recursos públicos y la violación de procedimientos establecidos.

El partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó este martes una petición a la Cámara de Cuentas para una auditoría exhaustiva de las incorporaciones, los desembolsos y los mecanismos de control del programa Supérate. De manera simultánea, solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que examine cualquier acción que pueda tener implicaciones penales, siempre respetando el debido proceso y sin prejuzgar culpabilidades.

La solicitud fue formalizada por Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, durante una conferencia de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. Estuvo acompañado por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la FP y antiguo superintendente de Salud y Riesgos Laborales, además de los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, quienes previamente dirigieron la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y el Programa Solidaridad, respectivamente.

Alburquerque señaló que, mediante la Resolución Administrativa 003-2022, emitida el 12 de abril de 2022, la dirección del programa Supérate decidió unilateralmente añadir 300 mil hogares al programa Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás. Estas 700 mil inclusiones, según explicó, han representado un gasto anual de RD$8,196 millones para el erario público.

“Y lo que resulta aún más preocupante es que esta Resolución permite la incorporación de hogares que aún no habían sido clasificados por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), disponiendo que su categorización se realizara después de su inclusión”, afirmó el líder político.

“¡Invierten el orden de los pasos! Primero se incorpora, y luego se evalúa”, exclamó Alburquerque, cuestionando la adopción de esa decisión cuando, según su explicación, solo el Siuben estaba legalmente autorizado para identificar y clasificar a los hogares de bajos recursos del país. “¿Qué autoridad política aprobó estas inclusiones? ¿Cómo es posible que un funcionario infrinja la ley sin consecuencias? Estas preguntas demandan respuestas respaldadas por documentos”, añadió.

El exvicepresidente indicó que, cuatro años después, Supérate reincide en lo que considera una vulneración de las normativas legales, a través de la Resolución 071-2026, del 21 de octubre de este año, referente al Bono Navideño. Dicha resolución prevé la identificación de beneficiarios, la distribución de tarjetas y la elaboración de nóminas de depósito, excluyendo al Siuben de sus responsabilidades en la identificación y categorización de las familias en situación de pobreza.

Alburquerque precisó que entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por un valor superior a los RD$19,000 millones, según las propias autoridades, mientras que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 propone otros RD$4,000 millones para este mismo programa. Esto suma un total de más de RD$23,000 millones entre los bonos ya anunciados y la nueva asignación presupuestaria.

“¿Quién ha certificado que los receptores de esos hogares son realmente pobres? ¿Dónde están los estudios socioeconómicos del Siuben?”, preguntó Alburquerque, enfatizando la necesidad de aclarar los procedimientos empleados para seleccionar a los beneficiarios de dichos fondos públicos.

El dirigente de la oposición, quien entre 2004 y 2012 coordinó el Gabinete de Política Social del Gobierno dominicano, recordó haber participado en el proceso de creación y desarrollo del sistema de protección social durante las administraciones del presidente Leonel Fernández. Esta experiencia le proporcionó un conocimiento directo del funcionamiento de los programas sociales y los mecanismos establecidos para la selección de sus beneficiarios.

“Que quede absolutamente claro. No nos oponemos a los programas sociales ni a los subsidios destinados a proteger a las familias más vulnerables. Por el contrario, fuimos actores clave en la implementación del sistema de protección social durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, convencidos de que el Estado tiene la obligación de amparar a quienes más lo necesitan”, manifestó.

Alburquerque afirmó que desde 2022, Fuerza del Pueblo ha estado denunciando el uso inadecuado de los recursos públicos destinados a la protección social, y advirtiendo que la expansión de las listas de beneficiarios, el incremento en la asignación de fondos y la falta de transparencia estaban generando condiciones propicias para la utilización política de los programas sociales.