La reciente solicitud del Poder Ejecutivo para una segunda modificación al Presupuesto General del Estado de 2026, a menos de dos meses del cierre del año, ha suscitado dudas entre los economistas. Expertos en la materia señalan que, aunque no implica una crisis financiera gubernamental, esta situación plantea interrogantes significativas sobre la precisión de la planificación presupuestaria y la estabilidad de las finanzas públicas del país.
Después de que el Poder Ejecutivo solicitara por segunda vez ajustes al Presupuesto General del Estado de 2026, con solo 44 días restantes del año, diversos economistas aclararon que esta nueva enmienda no indica una insolvencia gubernamental. No obstante, advirtieron que la situación plantea serias dudas sobre la exactitud de la planificación fiscal y la viabilidad de las finanzas estatales, sugiriendo posibles errores en las estimaciones iniciales. En diálogo con N Digital, Wagner Gomera, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Edita Rodríguez, directora financiera y catedrática de la misma institución, coincidieron en la urgencia de investigar las razones detrás de esta segunda corrección presupuestaria en un mismo ejercicio fiscal. Gomera expresó su inquietud ante la propuesta más reciente, considerándola una señal de "deficiencias en la previsión" de las decisiones financieras tomadas previamente. Por su parte, Rodríguez subrayó que una segunda reestructuración en noviembre, a punto de finalizar el año fiscal, exige una justificación detallada de las circunstancias que la provocaron y de sus potenciales repercusiones en la economía nacional. El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley adicional para modificar las asignaciones establecidas en la Ley 99-25, que aprobó el Presupuesto General del Estado de 2026, y en su primera revisión, promulgada mediante la Ley 43-26.
El economista Wagner Gomera, quien dirige la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), manifestó su inquietud por la segunda reforma al Presupuesto General del Estado de 2026. Señaló que esta incluye una disminución en las proyecciones de ingresos, un incremento en el gasto público y un aumento del desequilibrio fiscal. Gomera detalló que, mientras la primera revisión presupuestaria anticipaba un incremento de ingresos de aproximadamente 40,000 millones de pesos dominicanos, la propuesta actual estima ingresos inferiores en unos 31,000 millones de pesos dominicanos, a pesar de que prevé mayores egresos y un aumento del 30 % en el déficit fiscal, según las cifras que él mismo citó. El experto argumentó que estas variaciones generan preocupación y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos, por lo que consideró esencial llevar a cabo un estudio comparativo de ambas modificaciones para determinar sus implicaciones económicas. Además, planteó que una posible justificación de estas medidas podría ser la intención del Gobierno de prevenir alzas en los precios internos mediante la asignación de fondos adicionales. No obstante, aclaró que esta es una hipótesis que requiere un análisis más profundo de la propuesta presupuestaria. En cuanto a la situación económica del Estado, Gomera indicó que no hay pruebas suficientes para asegurar que el Gobierno esté en quiebra, aunque advirtió que el aumento del déficit y el uso de fondos acumulados o reservas podrían comprometer la viabilidad de las acciones tomadas. "Si el Gobierno está quebrado, no podría confirmártelo", expresó el economista, quien también sugirió que las nuevas modificaciones podrían revelar fallos en las proyecciones y cálculos realizados durante la planificación presupuestaria. A su juicio, la necesidad de ajustar el presupuesto nuevamente plantea interrogantes sobre las estimaciones iniciales y las decisiones financieras previas de las autoridades.
La directora financiera y catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Edita Rodríguez, afirmó que una segunda modificación al Presupuesto General del Estado de 2026 no implica una quiebra gubernamental, pero sí suscita interrogantes sobre la planificación financiera y la administración de los fondos públicos. La economista explicó que las reestructuraciones presupuestarias pueden ser consecuencia de una recaudación tributaria por debajo de lo proyectado, aumentos en el gasto público, mayores subsidios, compromisos financieros inesperados o cambios en las condiciones económicas tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, advirtió que realizar dos ajustes en un mismo año obliga a revisar la exactitud de las proyecciones de ingresos, el crecimiento de los egresos, la evolución del déficit fiscal y la dependencia del endeudamiento. Rodríguez recordó que, en julio de 2026, el Gobierno llevó a cabo una primera modificación presupuestaria, mediante la cual se incrementaron tanto los ingresos estimados como los gastos en aproximadamente 40,978 millones de pesos dominicanos, manteniendo el déficit fiscal. Asimismo, aclaró que tener un déficit fiscal no es sinónimo de quiebra, ya que este ocurre cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Indicó que también deben evaluarse el nivel de endeudamiento, el pago de intereses y la proporción de los ingresos públicos destinada al servicio de la deuda. La especialista enfatizó que una segunda revisión en noviembre, cuando el año fiscal está por concluir, requiere una explicación clara de las circunstancias que la motivaron, así como de sus posibles repercusiones para las finanzas públicas.