El exdirector de Senasa, Santiago Hazim, fue visto saliendo de la sala de audiencias bajo custodia policial y con evidentes dificultades para caminar, tras una sesión judicial en el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. La audiencia abordó nuevas pruebas relacionadas con una presunta red de corrupción administrativa dentro de la institución. Este caso se centra en la supuesta facturación fraudulenta de servicios médicos no prestados, afectando la cobertura de beneficiarios.
Santiago Hazim, quien fuera director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), abandonó este jueves la sala de tribunal escoltado por agentes de seguridad y mostrando dificultad al descender las escaleras. Esto ocurrió después de que el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional evaluara nuevas diligencias relacionadas con la supuesta trama de corrupción administrativa que habría afectado a dicha entidad.
Hazim y los demás implicados regresaron ante el tribunal, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, donde se revisaron peticiones presentadas por una de las partes querellantes. Estas solicitudes buscaban añadir nuevas actuaciones a la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público.
Durante la sesión, el magistrado invalidó una decisión previa concerniente a las solicitudes de la parte acusadora. Consideró que estas habían perdido su propósito una vez que el órgano acusador había respondido a los requerimientos planteados.
La resolución se vincula con el caso de Niurka Elvira Paulino Rodríguez, quien representa a su hijo, diagnosticado con autismo. Ella denuncia que la cobertura médica del menor habría sido utilizada para registrar terapias que, presuntamente, nunca recibió.
Según la denuncia, los tratamientos se habrían cargado al seguro del niño en el Centro Psicológico Familiar Bonao, a pesar de que el menor había dejado de recibir atención en ese lugar varios meses antes. La madre afirma que, al intentar reanudar las terapias, se le informó que el seguro médico ya no disponía de cobertura.
Esta situación la habría forzado a costear directamente los gastos del tratamiento. Ante esta circunstancia, los abogados de la familia solicitaron al Ministerio Público que gestionara ante Senasa un historial detallado de los servicios y consumos registrados bajo el número de afiliación del menor. El objetivo era identificar los centros médicos y las farmacias que habrían hecho uso de su cobertura.
La querella fue presentada contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma Ubiera, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. El proceso judicial busca establecer las responsabilidades de los involucrados en las supuestas irregularidades cometidas en perjuicio del seguro estatal.