Una solicitud presentada por una de las querellantes en el caso Senasa fue declarada sin efecto por el tribunal, luego de que el Ministerio Público ofreciera una respuesta a sus requerimientos. La medida fue adoptada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que consideró la petición carente de objeto tras la contestación del órgano acusador. El proceso judicial continúa investigando presuntas irregularidades administrativas en el Seguro Nacional de Salud.
En Santo Domingo, el representante del Ministerio Público, Emmanuel Ramírez, comunicó este jueves que la fiscalía contestó los pedidos formulados por una de las partes querellantes en el litigio por la supuesta red de corrupción administrativa dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa), lo que llevó al tribunal a dejar sin efecto la resolución de peticiones. “Hoy, una de las partes querellantes en este proceso del caso Senasa había presentado una resolución de peticiones, a la cual el Ministerio Público tuvo a bien darle respuesta en el día de hoy. Por consiguiente, fue declarada sin efecto, al carecer de propósito, y así lo dictaminó el juez”, detalló Ramírez al salir de la sede judicial.
El vocero del órgano acusador aclaró que la determinación se refiere a una de las partes querellantes del proceso. La audiencia fue llevada a cabo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde estuvieron presentes el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y los demás implicados en el expediente.
La solicitud se relaciona con la querella interpuesta por Niurka Elvira Paulino Rodríguez, quien representa a su hijo, diagnosticado con autismo, y alega que su seguro médico habría sido empleado para reportar terapias que el menor presuntamente nunca recibió. Según la documentación aportada por sus abogados, los servicios habrían sido facturados al Centro Psicológico Familiar Bonao, a pesar de que el niño había dejado de recibir tratamiento en dicho establecimiento meses antes.
La madre afirma que, al intentar reanudar las terapias, se le informó que la cobertura del seguro estaba agotada, por lo que tuvo que costear directamente los gastos del tratamiento. Ante esta situación, sus representantes legales pidieron al Ministerio Público solicitar a Senasa un historial pormenorizado de los servicios y consumos registrados bajo la afiliación del menor, para identificar los centros médicos y farmacias que habrían utilizado su cobertura.
La querella fue presentada contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma Ubiera, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. Cabe recordar que, tras el reportaje difundido por el programa N Investiga, dirigido por la periodista Nuria Piera, las autoridades iniciaron acciones relacionadas con las denuncias expuestas en la investigación, que reveló presuntas anomalías en el procedimiento.