La República Dominicana ha experimentado modificaciones presupuestarias de emergencia en varias ocasiones, incluso con el año fiscal a punto de terminar. Aunque estas enmiendas se han presentado por diversos motivos, desde excedentes de ingresos hasta presiones económicas, la tendencia a reajustar las cuentas públicas en el último trimestre del año es una constante. El actual Gobierno propone una segunda reforma para 2026, lo que plantea diferencias significativas respecto a ajustes anteriores.
En la República Dominicana, la decisión del actual Gobierno de impulsar una segunda modificación al Presupuesto General del Estado para 2026, a menos de sesenta días del cierre del año fiscal, no es un hecho aislado. Los registros históricos evidencian que en los años 2011, 2015, 2019 y 2021 se aprobaron reformulaciones presupuestarias durante el mes de diciembre, cuando restaban entre 21 y 29 días para la conclusión del ejercicio fiscal. No obstante, los motivos detrás de estas enmiendas varían; algunas fueron resultado de ingresos superiores a lo proyectado, otras respondieron a cambios en las necesidades de gasto, y algunas se debieron a presiones económicas que forzaron un reajuste de las finanzas estatales. El precedente más cercano de una segunda reformulación autorizada en diciembre corresponde a 2021, cuando el Congreso Nacional promulgó la Ley 341-21 el 2 de diciembre. En aquella ocasión, el Ministerio de Economía comunicó que la recuperación de los ingresos fiscales posibilitó reducir la meta de déficit del Gobierno central del 4 % al 3 % del producto interno bruto (PIB).
Actualmente, el escenario para 2026 difiere. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto que busca incrementar el déficit fiscal del 3.24 % al 4.2 % del PIB, mientras que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha manifestado la intención de elevar la inversión pública presupuestada de RD$215,000 millones a RD$230,000 millones. A lo largo de nueve periodos se han registrado alteraciones importantes:
¿Qué motivó las modificaciones y cuántos días faltaban para el cierre del año fiscal?
2011 (10 días)
Durante el mandato de Leonel Fernández, el Presupuesto General del Estado fue modificado por tercera vez a través de la Ley 363-11, del 21 de diciembre de 2011, cuando quedaban diez días para la finalización del año fiscal. La reforma obedeció a la necesidad de restituir fondos a entidades públicas que habían sufrido recortes presupuestarios meses antes, cuando el Gobierno destinó más recursos al subsidio eléctrico debido al incremento de los precios internacionales del petróleo. Para afrontar estas exigencias, el Gobierno obtuvo un préstamo de RD$6,810.7 millones del Banco de Reservas y reasignó aproximadamente RD$2,603.2 millones que estaban asignados al pago de la deuda pública. Estos fondos permitieron aumentar las asignaciones para instituciones como Salud Pública, las Fuerzas Armadas y Agricultura, además de atender compromisos del sector eléctrico antes de que terminara el año.
2015 (21 días)
Reasignación de recursos e ingresos adicionales
Durante la administración del expresidente Danilo Medina, la Ley 330-15 incorporó aproximadamente RD$3,996 millones de ingresos adicionales provenientes de la captación directa de instituciones públicas. Esta modificación fue aprobada mediante la Ley 330-15, del 10 de diciembre de 2015, a 21 días de la conclusión del ejercicio fiscal. No obstante, el Poder Ejecutivo había remitido la propuesta al Congreso Nacional el 23 de noviembre, 38 días antes del cierre anual. Según la Dirección General de Presupuesto (Digepres), la iniciativa respondió principalmente a los siguientes factores: Ingresos adicionales: se detectaron RD$3,996,075,691 derivados de captaciones directas de instituciones del Gobierno Central y organismos descentralizados, recursos no incluidos en el presupuesto original. Reasignación de partidas: se buscó transferir recursos entre entidades públicas para atender requerimientos y proyectos considerados prioritarios.
2019 (26 días)
Menores ingresos previstos y ajustes sociales
La Ley 493-19, promulgada por Danilo Medina, se implementó en respuesta a las proyecciones de desaceleración económica y una reducción en las recaudaciones. Incluyó disposiciones relacionadas con pensiones, salarios del sector público y obligaciones financieras. La Presidencia informó una nueva estimación de ingresos corrientes de RD$674,871.8 millones y egresos totales por RD$931,995.9 millones. El presupuesto de 2019 fue modificado el 5 de diciembre, con solo 26 días restantes para el fin de año. Esta decisión se fundamentó en que el Estado anticipaba recaudar menos impuestos de lo previsto y requería fondos para cubrir incrementos salariales, pensiones y deudas pendientes del sector eléctrico. Para afrontar esta situación, el Gobierno autorizó la redistribución de aproximadamente RD$28,833 millones entre partidas presupuestarias y elevó las fuentes de financiación en hasta RD$22,644 millones, con el propósito de cumplir con sus compromisos antes de la finalización del año fiscal.
2021 (29 días)
Recuperación económica e ingresos superiores a los proyectados
La segunda reformulación, a través de la Ley 341-21, fue consecuencia del crecimiento de la actividad económica, el turismo y las remesas después de la pandemia. Las proyecciones de ingresos aumentaron en RD$63,641.8 millones y la meta de déficit fue revisada del 4 % al 3 % del PIB. También se consideraron las presiones por los precios internacionales y el apoyo al sector agropecuario. El Poder Ejecutivo presentó el proyecto al Congreso el 15 de noviembre de 2021, no el 2 de diciembre. La aprobación se produjo posteriormente, faltando 29 días para concluir el año. Según el Ministerio de Hacienda, la modificación también buscó ajustar los gastos ante el alza de los precios internacionales, mantener programas sociales y respaldar al sector agropecuario.
2022 (94 días)
Inflación internacional y mayores subsidios
La Ley 351-22 ajustó ingresos y egresos frente al aumento global de las materias primas, las dificultades en las cadenas de suministro y las repercusiones económicas de los conflictos internacionales. Según Hacienda, cerca del 68 % de las nuevas necesidades de gasto se relacionaron con subsidios a combustibles, alimentos, insumos productivos, programas sociales y transferencias al sector eléctrico. La modificación fue aprobada mediante la Ley 351-22, del 28 de septiembre de 2022, a 94 días de la conclusión del ejercicio fiscal. El proyecto había sido sometido al Congreso Nacional el 25 de agosto de ese mismo año. Según el Ministerio de Hacienda, la reforma pretendía disponer de más recursos para mantener los subsidios, proteger a los hogares del incremento de precios y cubrir mayores gastos del sector eléctrico, sin elevar el límite de endeudamiento previamente autorizado.
2026 (44 días)
Segunda reformulación propuesta ante presiones fiscales
Después de una primera reforma promulgada el 27 de julio mediante la Ley 43-26, el Ejecutivo presentó en noviembre otro proyecto para elevar el déficit proyectado del 3.24 % al 4.2 % del PIB, lo que equivale a RD$365,968 millones. También propone suspender temporalmente la aplicación del límite al crecimiento del gasto primario establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Magín Díaz vinculó esta revisión con la necesidad de sostener subsidios e inversión pública frente a la crisis internacional. Este jueves, por segunda vez en el año, la Cámara de Diputados aprobó, en primera lectura, el proyecto de ley que modifica las leyes 99-25 y 43-26, correspondientes al Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario de 2026, con el voto favorable de 127 legisladores y 25 en contra.
¿Qué diferencia la modificación de 2026 de las anteriores?
La nueva propuesta del Gobierno de Luis Abinader presenta tres elementos que la distinguen de otras modificaciones:
Primero, sería la segunda reformulación del presupuesto en el mismo año, como sucedió en 2021. Sin embargo, las condiciones fiscales no son idénticas: en 2021, la segunda reforma redujo la meta de déficit al 3 % del PIB; en 2026, el Ejecutivo propone aumentarla al 4.2 %.
Segundo, el Gobierno plantea alterar provisionalmente la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley 35-24, que restringe el crecimiento del gasto primario. La propuesta contempla suspender ese límite hasta el 31 de diciembre de 2026. Este punto debe diferenciarse de una suspensión de la totalidad de la ley.
Tercero, el Gobierno anunció que busca incrementar la inversión pública presupuestada de RD$215,000 millones a RD$230,000 millones, lo que representa un aumento de RD$15,000 millones. Este anuncio fue hecho por Magín Díaz el 18 de noviembre, durante un encuentro con comerciantes liderado por el presidente Abinader.