Caso Lobo: Tribunal Reprograma Audiencia para el 27 de Noviembre; Defensa Cuestiona Basar Fallos en Presunciones de Culpabilidad

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La audiencia del caso Operación Lobo ha sido pospuesta hasta el 27 de noviembre. Durante la sesión más reciente, la defensa de uno de los imputados, Wellington Peralta Santos, argumentó en contra de fundamentar decisiones judiciales en meras presunciones de culpabilidad, enfatizando la necesidad de pruebas concretas. Además, se expusieron dificultades para obtener documentación bancaria crucial para la preparación de la defensa.

El tribunal a cargo del proceso judicial de la Operación Lobo ha establecido que la continuación de la audiencia se realizará el próximo viernes 27 de noviembre. Durante la sesión de este viernes, la representación legal de uno de los acusados cuestionó la posibilidad de que los fallos judiciales se basen en suposiciones de culpabilidad.

El abogado Víctor Manuel Márquez Fernández, quien representa a Wellington Peralta Santos, afirmó durante la audiencia de este viernes que cualquier condena debe fundamentarse en evidencias y no en conjeturas de responsabilidad penal.

El jurista basó su postura en el artículo 14 de la Ley 97-25, la cual establece el Código Procesal Penal. El párrafo tercero de dicha ley estipula que las presunciones de culpabilidad no son admisibles. Márquez Fernández anticipó que este argumento será una parte fundamental de su estrategia de defensa ante la acusación presentada por el Ministerio Público.

Defensa reporta obstáculos para conseguir documentación bancaria

El representante legal explicó que su cliente ha encontrado impedimentos para obtener una certificación del Banco de Reservas. Esta documentación está relacionada con transacciones de préstamos que considera indispensables para la preparación de su defensa. Según lo indicado, Peralta Santos se encuentra bajo arresto domiciliario, lo que le ha impedido presentarse personalmente en la institución bancaria para solicitar los documentos. Hacerlo implicaría contravenir las condiciones de su medida de coerción.

“Por no incumplir los términos del arresto domiciliario no pudo acudir al Banco de Reservas para conseguir allí una certificación sobre las operaciones de préstamo que realizó”, detalló el jurista.

Márquez Fernández aseveró que la entidad bancaria exige la presencia física de su cliente para entregar la certificación. Esta situación, según afirmó, ha impedido completar el escrito de defensa.

Ministerio Público imputa a 14 individuos y empresas por sobornos millonarios

La Operación Lobo es una investigación del Ministerio Público sobre una presunta red de corrupción que, según se alega, distribuyó RD$108,080,359.92 en sobornos. El objetivo era obtener contratos para servicios de seguridad privada en diversas instituciones públicas de la República Dominicana.

El órgano acusador presentó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional una acusación formal y una solicitud de apertura a juicio. Esta acción se dirige contra diez personas físicas y cuatro empresas que, según el expediente, habrían participado en las operaciones investigadas.

De acuerdo con la acusación, los fondos fueron solicitados y recibidos por responsables de seguridad institucional y otros funcionarios mencionados en el expediente. Esto se hizo a cambio de favorecer la contratación de servicios privados. El Ministerio Público sostiene que las operaciones involucraron a encargados de seguridad de diferentes entidades estatales, incluyendo las empresas distribuidoras de electricidad y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

¿Quiénes son los acusados en la Operación Lobo?

Entre las personas físicas incluidas en el expediente figura Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase).

También fueron acusados Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Inaipi, y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste.

La acusación incluye, además, a Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, también exencargado de seguridad de esa distribuidora, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de Edeeste.

Asimismo, figura Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi, cuya defensa cuestionó durante la audiencia el uso de presunciones de culpabilidad.

Completan la lista Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

En cuanto a las personas jurídicas, el expediente incluye a Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, vinculadas al acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez González. También fueron acusadas Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, señaladas como propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

Fiscalía solicita inicio de juicio

Con la presentación de la acusación formal en julio, el Ministerio Público solicitó al tribunal admitir la totalidad del expediente y sus elementos de prueba, así como dictar auto de apertura a juicio contra los acusados.

Según el órgano persecutor, la estructura investigada habría operado mediante el pago de sobornos a funcionarios responsables de la seguridad de instituciones estatales, con el objetivo de favorecer la adjudicación de contratos a empresas privadas.

El monto identificado por los investigadores asciende a más de RD$108 millones, suma que, de acuerdo con la Fiscalía, habría sido distribuida entre los involucrados en las operaciones investigadas.

Las imputaciones deberán ser examinadas por el tribunal, mientras que las defensas tienen el derecho de cuestionar los señalamientos y presentar las pruebas que consideren pertinentes. La audiencia continuará el próximo viernes 27 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.