La construcción de viviendas en cañadas representa un riesgo dual significativo, no solo por las recurrentes inundaciones, sino también por la vulnerabilidad estructural que estas edificaciones presentan ante un sismo. Expertos en gestión de riesgos enfatizan la necesidad de una política integral que combine la planificación territorial y ambiental con estrictos códigos de construcción para mitigar los peligros. La situación actual, exacerbada por la falta de cumplimiento de normativas, expone a miles de familias a desastres, evidenciando una problemática que va más allá de las lluvias.
Contrario a la creencia popular, un terremoto de gran magnitud no genera debilidades, sino que las pone en evidencia. Las cañadas han sido por años un factor de alto riesgo para miles de habitantes, no solo por las inundaciones que ocasionan durante las lluvias intensas, sino también por el peligro que suponen frente a un eventual temblor. Los medios de comunicación han documentado numerosos casos de residencias edificadas directamente sobre estas corrientes de agua, muchas de ellas con tres o más niveles, cuyos propietarios reportan fisuras, inclinaciones hacia el cauce y otros indicios de daño estructural. Los especialistas en manejo de riesgos argumentan que un plan antisísmico en República Dominicana no debe limitarse a normativas de construcción o simulacros, sino que debe transformarse en una política ambiental y de organización del territorio. Reducir la presencia humana en cañadas, arroyos y riberas fluviales significa disminuir múltiples fragilidades antes de que ocurra una catástrofe. Proteger una cañada, restaurar un arroyo o impedir asentamientos en áreas de alto peligro no es solo una acción ecológica, sino también una estrategia de prevención de desastres. República Dominicana se sitúa en una zona de interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica, lo que implica que el riesgo de sismos es parte de su realidad geográfica. No obstante, los efectos de un terremoto no dependen únicamente de su intensidad, sino también de las condiciones del suelo donde se produce. Los expertos en gestión de riesgos continúan explicando que las características físicas del terreno pueden amplificar o reducir los daños causados por un movimiento telúrico.
DECRETO NÚM. 201-11
Aunque el Decreto núm. 201-11 estableció el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras, este no modificó la manera en que continúan desarrollándose asentamientos sobre cañadas, especialmente en el Gran Santo Domingo y Santiago. Esta situación aumenta la vulnerabilidad frente a huracanes, tormentas, precipitaciones intensas y terremotos, evidenciando la estrecha conexión entre el riesgo ambiental y el riesgo sísmico. El Reglamento Sísmico establece requisitos obligatorios para garantizar la seguridad estructural en República Dominicana. El reglamento vigente sobre diseño sísmico determina los requerimientos mínimos que deben cumplirse en el análisis y diseño de todas las estructuras que se edifiquen en el territorio nacional, con la finalidad de resistir los efectos producidos por movimientos sísmicos y preservar la estabilidad de las construcciones, priorizando la salvaguarda de la vida humana. Conforme a la normativa, su ámbito de aplicación abarca todas las estructuras, con especial énfasis en los tipos estructurales contemplados en el Título 5 del documento regulatorio. Asimismo, para aquellas estructuras diferentes a las especificadas en el Capítulo 11 del Título III, se establecen criterios mínimos para determinar las fuerzas sísmicas que deben considerarse durante el diseño. Estos parámetros se calculan a partir de los mapas de isoaceleraciones incluidos en el Apéndice A, tomando en cuenta el nivel de amenaza sísmica correspondiente a cada caso. La normativa precisa además que los coeficientes de diseño y otros factores técnicos deben definirse en función de las características dinámicas propias de cada sistema estructural. El reglamento también contempla su aplicación en edificaciones ya existentes cuando estas requieran modificaciones estructurales, ampliaciones, intervenciones o rehabilitaciones destinadas a un nuevo uso. De igual forma, será empleado para la evaluación de vulnerabilidad sísmica y para la clasificación de estructuras según los criterios establecidos en la normativa. La disposición busca fortalecer las condiciones de seguridad y reducir los riesgos ante eventos sísmicos en el país, mediante estándares técnicos orientados a garantizar la estabilidad y funcionalidad de las edificaciones.
RECUPERACIÓN DE CAÑADAS, UN RETO PENDIENTE
Informes oficiales señalan que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), solo en el Gran Santo Domingo, ha reubicado aproximadamente mil hogares durante los trabajos de recuperación de espacios públicos para proyectos como Cristo Park, Sabana Park y Las Caobas Park, entre otros. Sin embargo, una cantidad considerable de viviendas permanece expuesta a estas condiciones de peligro. Miles de personas han construido sus residencias sin supervisión municipal, una situación que, según varios alcaldes, suele evitarse por el costo político que implican los desalojos. Entre las cañadas intervenidas se encuentran la de la avenida Tiradentes, hoy transformada en Cristo Park; Altos de Sabana Perdida, Sabana Park; Cachón Oeste, Cancino Adentro, Los Rieles, Los Cocos, Villa Emilia I y II, Los Dulceros, Café de Herrera, La Malanga, San Luis y Dos de Enero. A estas se añaden las que permanecen en proceso de saneamiento, como Guajimía, donde se construye un parque en Las Caobas; La 800, en Los Ríos; Los Peralejos; Paseo de la Gracia de Dios, en Villa Marina, y Marañón, en sus fases I, II, III y IV, esta última considerada una de las cañadas más extensas y contaminadas de Santo Domingo Norte, con una longitud de 2.5 kilómetros. La cañada de Guajimía atraviesa sectores de Santo Domingo Oeste donde, durante años, se han registrado inundaciones, contaminación y procesos de reasentamiento de familias debido al riesgo constante. Informes oficiales describen esta intervención como una de las más complejas del país. Asimismo, afluentes conectados al sistema, como El Indio, Las Caobas y zonas cercanas a La Ureña, forman parte de programas de recuperación y mitigación. Las autoridades estiman que alrededor de un millón de personas en el Gran Santo Domingo han sido beneficiadas con estos trabajos.
EL RIESGO VA MÁS ALLÁ DE LAS LLUVIAS
La amenaza no se limita exclusivamente a las precipitaciones. Cuando comunidades enteras se establecen sobre o en las cercanías de cañadas, se acumulan peligros ambientales, sanitarios y geológicos. Un terremoto de gran intensidad podría provocar deslizamientos de tierra, el colapso de estructuras frágiles y daños mayores en terrenos afectados por la erosión y la ocupación irregular. Desde esta perspectiva, la recuperación de cañadas deja de ser únicamente una política de saneamiento urbano para convertirse en una estrategia preventiva de gestión de riesgos y protección de vidas. El informe técnico “Evaluaciones de riesgo de inundaciones y deslizamiento en República Dominicana”, elaborado para apoyar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), identifica vulnerabilidades asociadas a inundaciones y deslizamientos mediante modelos territoriales y climáticos.
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL PROBLEMA:
• Las cañadas y márgenes de ríos ocupadas por asentamientos humanos presentan altos niveles de vulnerabilidad.
• Los suelos inestables tienen mayor exposición a inundaciones y deslizamientos.
• Un terremoto puede amplificar significativamente los daños estructurales.
• La combinación de estos factores genera una vulnerabilidad múltiple para edificaciones y personas.
SANTIAGO TAMBIÉN ENFRENTA EL PROBLEMA
En Santiago, desde hace varios años, se ha denunciado que numerosas edificaciones, incluyendo instituciones y oficinas públicas, fueron construidas sobre antiguas cañadas, manantiales o corrientes de agua. Durante la reconstrucción del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, iniciada en 2015, las autoridades atribuyeron parte de los retrasos a la presencia de corrientes de agua que atravesaban el terreno. Sobre ese caso, el geólogo Orlando Franco, ya fallecido, advirtió que la ubicación de la edificación aumentaba su vulnerabilidad frente a un sismo de gran magnitud. Asimismo, sostenía que, aunque el desastre sísmico aún no se hubiese producido, los miles de personas que viven sobre o alrededor de estas cañadas continúan siendo las más expuestas ante sus eventuales efectos.
LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMO HERRAMENTA DE PREVENCIÓN
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que el ordenamiento territorial debe integrar la protección de los ecosistemas, los asentamientos humanos y la planificación urbana, en lugar de concentrarse únicamente en el crecimiento físico de las ciudades. Otra publicación del organismo, “Un paso hacia la resiliencia”, relaciona directamente la planificación territorial con la reducción del riesgo de desastres y plantea que la exposición de las comunidades puede disminuir mediante políticas de ordenamiento y resiliencia urbana. “El desarrollo del territorio está relacionado con el progreso en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos (ODS), los cuales fueron aprobados en septiembre de 2015 en una histórica cumbre de las Naciones Unidas y entraron en vigor en 2016. De esta forma, ciertos ODS se relacionan específicamente con temas territoriales, tales como el agua, los ecosistemas terrestres, la vida submarina, las ciudades y las comunidades sostenibles”, explica. La CEPAL también advierte que América Latina concentra algunas de las zonas urbanas más pobladas del mundo y, al mismo tiempo, mantiene una elevada exposición a amenazas naturales y una importante proporción de población en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Aunque se han logrado avances en materia de planificación y resiliencia urbana, continúa siendo un desafío reubicar a las personas que viven sobre o alrededor de arroyos, cañadas y ríos, una medida que, además de mejorar las condiciones ambientales, podría reducir considerablemente los riesgos frente a futuros terremotos e inundaciones.
LAS HISTORIAS DETRÁS DEL PROBLEMA
Las historias que surgen en torno a las cañadas son numerosas y, en muchos casos, desgarradoras. Detrás de cada vivienda levantada sobre terrenos vulnerables existen familias que, por diversas circunstancias económicas y sociales, han terminado habitando espacios que comprometen su seguridad y calidad de vida. El problema no solo afecta a quienes residen en esas zonas, sino también al medio ambiente y al ordenamiento territorial. En el sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, un edificio de tres niveles se construyó justamente en una de las áreas donde las aguas de la cañada Guajimía adquieren mayor fuerza durante las lluvias y se vuelven difíciles de controlar. En la estructura viven seis familias, en medio de una edificación que presenta daños y fallas estructurales documentadas por medios de comunicación desde el año 2022. La construcción está ubicada detrás del politécnico Madre Rafaela Ybarra, en la misma ruta por donde se desarrolla el proyecto correspondiente a la segunda fase del saneamiento de la cañada Guajimía. La preocupación de quienes habitan allí es constante. Celeste García, residente y encargada de una de las viviendas y de un pequeño colmado que funciona en la edificación, expresó el temor que viven los ocupantes del lugar. “Mi inquietud no es solamente la mía, es la de todos. Este es un edificio de tres niveles con seis viviendas, incluyendo un colmado que tengo aquí. Hicimos un llamado a los comunitarios que nos representan y estamos atemorizados. Si usted observa las paredes, esto puede colapsar en cualquier momento, con un pequeño temblor o con un torrente de agua. El piso está desprendido por todos los lados”, manifestó mientras señalaba las grietas visibles en las paredes. La situación no es exclusiva de Santo Domingo Oeste. En el sector Santa Lucía, del distrito municipal Santiago Oeste, residentes han denunciado el peligro permanente que representa una cañada ubicada en las inmediaciones del vertedero de Rafey, una amenaza que mantiene en condiciones de vulnerabilidad a decenas de familias. De acuerdo con los comunitarios, al menos 60 viviendas se encuentran en peligro inminente debido al crecimiento del cauce, la acumulación de desechos sólidos y el impacto de las lluvias. Advirtieron que, durante precipitaciones intensas, la corriente arrastra grandes cantidades de basura y socava los terrenos donde se encuentran asentadas numerosas viviendas, incrementando el riesgo de colapso. Juan Manuel y María caminaban sobre el lodo y las aguas cloacales, tratando de recuperar algo de lo que debió ser su casa, anegada por el impacto de la cañada. Sus hijos, 6, no tenían que comer y solo poseen las ropas que visten, han quedado sin nada, y lloran al perderlo todo. Escenas similares se registraron a principios de abril en el sector Las 800, en Los Ríos, Distrito Nacional. Tras las inundaciones que afectaron la zona, los residentes intentaban recuperar parte de sus pertenencias mientras observaban cómo varias viviendas quedaron completamente anegadas y algunos vehículos fueron arrastrados hacia la cañada. Aprovechando las horas de sol, algunos vecinos sacaron colchones y ropa para intentar salvarlos, mientras otros se vieron obligados a desechar electrodomésticos y objetos que quedaron inutilizables por los daños provocados por el agua. En aquella ocasión, las autoridades informaron que las crecidas de ríos, arroyos y cañadas impactaron unas 1,024 viviendas, entre destruidas, parcialmente destruidas y afectadas. Aunque las historias cambian de escenario y protagonistas, todas parecen compartir un mismo elemento: la permisividad histórica de distintos gobiernos locales frente al crecimiento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Una situación que, con el paso del tiempo, termina afectando a las familias, deteriorando el medio ambiente y comprometiendo la seguridad colectiva.
