Un considerable operativo policial se llevó a cabo este viernes en Santo Domingo Oeste para ejecutar un desalojo en una extensión de tierra. Se presume que los ocupantes residían de forma ilegítima en parcelas vinculadas al exjugador de béisbol Pedro Martínez. Este incidente subraya la persistencia de ocupaciones irregulares en la región, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por combatirlas.
Un extenso dispositivo de seguridad fue desplegado la mañana de este viernes en las inmediaciones de la Prolongación 27 de Febrero, cerca de la vía que conduce a Buenos Aires y Bayona, en Santo Domingo Oeste. La finalidad del operativo fue llevar a cabo la desocupación de unos terrenos ubicados en esa zona. Según la información inicial y los relatos de los presentes, las personas removidas se encontraban presuntamente ocupando de forma ilícita propiedades que se atribuyen al exlanzador de las Grandes Ligas, Pedro Martínez. Santo Domingo Oeste es uno de los distritos del Gran Santo Domingo donde se registran con frecuencia situaciones de apropiación indebida de terrenos. A pesar de las advertencias emitidas por las autoridades, esta práctica continúa generando controversias relacionadas con el derecho a la propiedad privada.
DECRETO CONTRA OCUPACIONES IRREGULARES
El día 11 de noviembre de 2022, a través del Decreto 668-22, el presidente Luis Abinader estableció una serie de medidas destinadas a evitar y perseguir las intrusiones y ocupaciones no autorizadas de propiedades tanto privadas como del Estado. La normativa estipula que los ciudadanos extranjeros que sean debidamente procesados por estos casos podrán ser expulsados del país, de acuerdo con las prerrogativas constitucionales del presidente, y se les impedirá su retorno al territorio nacional. Para lograr estos objetivos, el decreto dispone acciones coordinadas entre el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional.
Entre las disposiciones implementadas se encuentra la creación de una unidad especializada dentro de la Policía Nacional, dedicada a la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones ilegales de propiedades privadas y estatales. Asimismo, se instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional para que, respetando el debido proceso legal y conforme a la ley, procedan con la persecución y el encausamiento judicial de aquellos que participen en estas actividades. En lo que respecta a los extranjeros a quienes se les demuestre la comisión de infracciones contra la propiedad privada, también se encomendó a la Dirección General de Migración ejecutar los procedimientos pertinentes para su expulsión del país e impedir su reingreso al territorio nacional.
