Legisladores de diversas bancadas han manifestado su preocupación por los nuevos cargos en pagos electrónicos, instando a que no se repercutan en los consumidores. Argumentan que bancos y gasolineras deben negociar un acuerdo para evitar que estos costos afecten la economía de los ciudadanos, en un contexto donde el gobierno busca equilibrar las finanzas públicas.
Representantes de diversas facciones políticas expresaron un consenso sobre la necesidad de evitar que los nuevos recargos derivados de las tarifas por transacciones electrónicas sean asumidos por los consumidores. Hicieron un llamado a que las instituciones bancarias y las estaciones de servicio lleguen a un entendimiento que impida afectar el poder adquisitivo de la población.
El senador Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), señaló que estas disposiciones forman parte de la Ley Anticrisis, implementada por el Gobierno para mitigar el aumento del gasto ocasionado por los subsidios a los combustibles, la energía eléctrica y los fertilizantes. “Consideramos que es una medida que incide en el bolsillo de los dominicanos en un momento en que se están subsidiando la electricidad, el combustible y los fertilizantes para mantener estables los precios de los productos básicos, y los fondos deben provenir de algún lugar”, explicó.
Sin embargo, Genao afirmó que la reforma también incluye beneficios para la mayoría de los ciudadanos, por lo que, en su opinión, debe ser analizada de manera integral. “Es necesario evaluar el balance. Se ejerce presión por un lado, pero también se beneficia al ciudadano en otros aspectos”, manifestó. Respecto al desacuerdo entre las entidades financieras y las estaciones de servicio por las comisiones aplicadas a los pagos electrónicos, Genao estimó que ambas partes deben llegar a un acuerdo para prevenir que el costo recaiga sobre los usuarios.
“Creemos que las gasolineras y los bancos deben alcanzar un convenio para que esa relación comercial tenga una tarifa razonable donde ambas partes puedan obtener ganancias y no perjudique al ciudadano, quien actualmente es el principal afectado”, indicó el senador.
Por su parte, el diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), criticó la celeridad con la que se aprobaron medidas que impactan directamente a la ciudadanía, mientras otros proyectos permanecen sin avance en el Congreso. “Vimos cómo ese proyecto de reforma se aprobó en solo cuatro días. Ahora los dominicanos tendrán que desembolsar aproximadamente 50 mil millones de pesos adicionales en impuestos”, afirmó.
El legislador sostuvo que el Gobierno debe detallar con mayor claridad el destino de los fondos adicionales que obtendrá con las nuevas normativas tributarias. “El Gobierno manejará 50 mil millones de pesos más y no ha especificado de forma explícita en qué se invertirá ni a qué sector de la sociedad se destinarán esos recursos”, señaló.
A pesar de sus diferentes valoraciones sobre la reforma fiscal, ambos legisladores coincidieron en que cualquier disputa entre el sector bancario y las estaciones de combustibles debe resolverse sin trasladar nuevos cargos a los consumidores.
