La reciente muerte de Darlin Mercado Reyes tras una intervención policial ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Este lamentable suceso se une a una serie de incidentes previos que han generado indignación pública, cuestionamientos al accionar policial y exigencias de justicia por parte de familiares y organismos defensores de los derechos humanos en el país, resaltando la urgencia de una reforma institucional.
El fallecimiento del joven Darlin Mercado Reyes, ocurrido este viernes luego de ser lesionado durante un operativo policial en Herrera, ha vuelto a situar en el centro de la discusión el empleo de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Nacional. El suceso ha provocado gran indignación después de la difusión de grabaciones del incidente y de que el presidente Luis Abinader calificara de “animal” al oficial señalado como responsable, demandando una pena ejemplar. Con este acontecimiento, se añade un nuevo nombre a la lista de situaciones que, en los últimos años, han suscitado interrogantes sobre las actuaciones policiales, las indagaciones del Ministerio Público y las peticiones de justicia por parte de allegados y organizaciones que defienden los derechos humanos.
Uno de los episodios que mayor conmoción causó fue el de David de los Santos Correa, de 24 años, quien pereció en mayo de 2022 tras haber permanecido bajo arresto en el destacamento policial del Ensanche Naco, en el Distrito Nacional. Según el certificado de defunción emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el deceso fue clasificado como un homicidio. Sus parientes denunciaron que el joven fue agredido por agentes policiales mientras estaba bajo custodia. Las imágenes divulgadas después de su muerte mostraban golpes en el rostro, la boca ensangrentada, contusiones en diversas partes del cuerpo y las manos hinchadas. El diagnóstico médico estableció que sufrió un trauma craneoencefálico, una lesión axonal difusa y múltiples contusiones, heridas que le causaron la muerte.
Apenas dos semanas antes, también había fallecido José Gregorio Custodio, de 38 años, luego de haber estado detenido en una estación de la Policía Nacional en San José de Ocoa. Sus familiares denunciaron que el cuerpo presentaba múltiples golpes y aseguraron que Custodio intentó ocultarse al momento de ser arrestado porque, según afirmaron, sentía miedo de los agentes debido a experiencias previas. Un video de cámaras de seguridad mostró parte de la detención, en la que varios policías lo inmovilizaron antes de trasladarlo al destacamento, donde presuntamente continuó siendo agredido. Horas después fue llevado a un centro de salud, donde murió.
Después de ese caso, la Policía Nacional dispuso la destitución del comandante del cuartel de Ocoa y el traslado de los agentes implicados, mientras que por la muerte de David de los Santos fueron suspendidos los miembros del destacamento que estaban de servicio la noche de su detención. Ambos casos resultaron en procesos judiciales.
Otro de los hechos que conmocionó al país fue el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado, de 35 años, ocurrido en octubre de 2021. La profesional murió tras recibir un disparo en la cabeza realizado por un cabo de la Policía Nacional luego de un incidente de tránsito en Boca Chica, mientras se encontraba acompañada de una de sus hijas. El caso provocó una amplia condena nacional y culminó con la sentencia del agente responsable.
Meses antes, el 31 de marzo de 2021, los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz fueron acribillados por una patrulla policial en Villa Altagracia cuando regresaban de una actividad de la comunidad cristiana evangélica celebrada en Bonao. Las investigaciones determinaron que los agentes dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo en el que se desplazaba la pareja, en uno de los episodios más impactantes atribuidos a miembros de la institución.
Apenas semanas antes, el 9 de marzo de 2021, la adolescente Brandy Bautista, de 17 años, murió tras recibir un disparo realizado por un agente policial en el sector Villa Francisca, en Santo Domingo, durante el período del toque de queda impuesto por la pandemia del COVID-19. Ese mismo año también falleció el mecánico Francis Mercado, de 43 años, quien resultó herido de bala durante una intervención policial en la comunidad Loma de Castañuelas, en la provincia Montecristi.
La lista también incluye al abogado Raymeni Alexis Castillo (Ray Castillo), quien murió el 10 de agosto de 2021 tras recibir un disparo durante un incidente con agentes policiales. En septiembre de ese mismo año falleció Robinson Ramón Méndez Mancebo, de 27 años, luego de resultar herido por una patrulla policial en el municipio Padres Las Casas, provincia Azua, durante un operativo relacionado con el cierre de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.
Otro caso que también generó indignación fue el del herrero José Guillermo Méndez Álvarez, conocido como “Pitulí”, quien murió en mayo de 2021 luego de ser detenido por agentes policiales en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional. Según denunciaron sus familiares, Méndez salió de su trabajo la noche del 30 de abril de 2021 con destino a su vivienda, ubicada a pocas cuadras del lugar, cuando fue detenido y trasladado al destacamento de Las 800. Al día siguiente fue encontrado muerto dentro de una celda, en circunstancias que generaron cuestionamientos sobre la actuación de los agentes. Sus parientes sostuvieron que presentaba signos de violencia y exigieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. El caso se convirtió en uno de los expedientes que incrementó las críticas hacia la Policía Nacional por presuntos abusos cometidos durante detenciones.
A estos casos se suma ahora el de Darlin Mercado Reyes, quien murió este viernes tras resultar herido de bala durante un incidente ocurrido en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste. El hecho quedó captado en video y provocó una fuerte reacción del presidente Luis Abinader, quien calificó al agente involucrado como un “animal”, expresó su indignación por lo ocurrido y exigió que se imponga una condena ejemplar.
Las estadísticas reflejan que estos casos no son hechos aislados. Datos de la Procuraduría General de la República, sustentados en registros del Inacif, estimaban que 538 personas murieron a manos de agentes de la Policía Nacional entre 2017 y octubre de 2021, una cifra que desde entonces ha alimentado el debate sobre la reforma policial, el uso proporcional de la fuerza y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro de la institución. Cada uno de estos expedientes ha dejado familias reclamando justicia y ha reavivado las exigencias de que las investigaciones concluyan con sanciones cuando se determinen responsabilidades, mientras continúa el proceso de transformación de la Policía Nacional impulsado por el Gobierno.
