Una nueva obra académica profundiza en el litigio que detuvo la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), analizándolo como un hito crucial para el derecho administrativo y aeroportuario dominicano. El libro, titulado “Análisis doctrinal de la solución jurisprudencial de un conflicto aeroportuario”, examina el proceso legal entre el Consejo de Defensa del AIB y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), destacando su relevancia para el sector aeronáutico nacional.
SANTO DOMINGO. La controversia legal que paralizó la edificación del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) ha sido documentada en un nuevo texto académico que examina este suceso como un referente para el derecho administrativo y la legislación aeroportuaria en la República Dominicana. Se trata del volumen “Análisis doctrinal de la solución jurisprudencial de un conflicto aeroportuario”, una publicación que diseca el procedimiento judicial entre el Consejo de Defensa del AIB y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), considerado uno de los enfrentamientos administrativos más significativos en el ámbito aeronáutico del país.
La obra fue presentada por Diego González, presidente de la Asociación Mundial de Derecho Aeroportuario (WALA), y Jaime Rodríguez-Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. El escrito compila las principales decisiones judiciales del caso, junto con análisis elaborados por Rafael Dickson Morales, Carlos González y Javier Barnes, además de incluir un prefacio del jurista brasileño Augusto Neves dal Pozo.
Durante la presentación, los panelistas coincidieron en que el aporte principal del libro es evidenciar que no existe un esquema único para la administración aeroportuaria, sino que el éxito de cualquier modelo —ya sea público, privado o mixto— depende del respeto al marco legal, la salvaguarda del interés público y la seguridad operacional. “La discusión no debe enfocarse en quién es el dueño del aeropuerto, sino en cómo se gestiona”, manifestó González, enfatizando que la eficiencia y la excelencia del servicio están íntimamente ligadas al cumplimiento de la normativa vigente.
La publicación reconstituye el origen de la disputa, que comenzó en 2020 cuando el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro obtuvo las autorizaciones para iniciar su desarrollo. Posteriormente, el IDAC impulsó la declaración de lesividad de esos actos administrativos al considerar que el procedimiento presentaba anomalías y que la autorización para la construcción de una nueva terminal aérea correspondía a la autoridad aeronáutica competente. Luego de varios años de litigio, el Tribunal Constitucional validó en 2025 la legalidad de las acciones administrativas que impidieron la ejecución del proyecto, una determinación que, según los autores, constituye un punto de referencia para el estudio del derecho de las infraestructuras y la buena administración pública.
Rodríguez-Arana afirmó que los aeropuertos representan un cruce entre el derecho público y el privado, al aglutinar aspectos relacionados con contratos, inmigración, salud, servicios de utilidad pública y regulación económica. En ese sentido, aseveró que estas infraestructuras deben ser administradas bajo principios como la planificación estratégica, la responsabilidad institucional y la buena gestión.
Los expertos también resaltaron que la jurisprudencia derivada del caso fortalece el desarrollo del derecho aeroportuario al establecer criterios sobre la aplicación de las normativas que regulan la aviación civil y al reforzar el principio de legalidad consagrado en el Convenio de Chicago de 1944. Asimismo, subrayaron que proyectos de esta índole exigen el cumplimiento riguroso de estudios técnicos, ambientales y de planificación, además de ajustarse a los estándares fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Como parte de las conclusiones del encuentro, Rodríguez-Arana anunció que integrará el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro en sus cursos universitarios sobre derecho administrativo, mientras que González aseguró que la publicación representa una contribución al fortalecimiento de la doctrina jurídica aeroportuaria en América Latina.
