La organización Participación Ciudadana ha instado a la puesta en vigor del nuevo Código Penal tras su vacatio legis, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de corregir importantes deficiencias. Argumentan que posponer su aplicación no es adecuado, sugiriendo que las enmiendas pueden realizarse antes o después de su entrada en vigencia. Entre las correcciones clave se incluyen la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo y la despenalización de delitos contra la libertad de expresión.
La entidad Participación Ciudadana manifestó su postura respecto a que el flamante Código Penal debería comenzar a regir una vez finalizado el periodo de vacatio legis. No obstante, admitió que la normativa fue promulgada con significativas falencias que requieren ser subsanadas tanto por el Congreso Nacional como por el Tribunal Constitucional.
La agrupación sostuvo que prolongar el lapso para la entrada en vigor del Código Penal establecería un precedente inadecuado para el sistema legislativo. Por consiguiente, considera que las modificaciones indispensables pueden llevarse a cabo antes o después de que la ley empiece a aplicarse.
Entre las rectificaciones fundamentales que propone se encuentra la incorporación de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo, con el propósito de salvaguardar la salud y la dignidad de las mujeres. Del mismo modo, reiteró la urgencia de despenalizar los delitos de difamación, injuria y ultraje, al estimar que estas figuras penales restringen la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo, contraviniendo la tendencia adoptada en otras naciones.
La organización indicó que las imperfecciones de la legislación pueden ser corregidas a través de una reforma puntual por parte del Congreso Nacional o mediante decisiones del Tribunal Constitucional, el cual ya está al tanto de acciones de inconstitucionalidad relacionadas con diversos artículos del nuevo Código Penal.
Reconoce avances del Código Penal
A pesar de las observaciones, Participación Ciudadana enfatizó que la nueva legislación introduce alrededor de 70 nuevos tipos penales, entre ellos el feminicidio, el sicariato, los delitos tecnológicos, los cibercrímenes, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el autosecuestro y la obstrucción de la justicia.
En el ámbito de la corrupción, subrayó que el Código Penal tipifica nuevas conductas como el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, la alteración de precios, los acuerdos ilícitos entre comerciantes, la sobrevaluación ilegal, la distracción de recursos públicos y el pago irregular en contratos administrativos.
Adicionalmente, recordó que la legislación establece que cuando una misma acción constituya varios delitos, podrán imponerse las penas correspondientes a cada una de las infracciones y fija un plazo de 20 años de prescripción para los delitos contra el patrimonio público.
Esperan una reforma del Congreso
Participación Ciudadana informó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo está elaborando un anteproyecto de ley para corregir las deficiencias detectadas en el Código Penal. En este contexto, manifestó su expectativa de que la propuesta sea remitida cuanto antes al Congreso Nacional, al considerar que el Poder Legislativo debe asumir la responsabilidad de perfeccionar la normativa sin demorar su entrada en vigencia.
