La audiencia del sonado caso Calamar, programada inicialmente para este miércoles, ha sido aplazada hasta el 19 de agosto. Esta decisión fue tomada tras una solicitud de aplazamiento por parte de los involucrados. El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, es uno de los principales imputados en este proceso judicial que investiga una red de corrupción administrativa.
La sesión judicial del expediente Calamar, que se había fijado para este miércoles, fue reagendada para el próximo 19 de agosto, debido a que las partes solicitaron la postergación de la vista. El tribunal accedió a la petición y estableció la nueva fecha para seguir con el estudio del expediente, en el cual figura el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, como uno de los principales señalados, junto a otros acusados.
El caso Calamar es considerado uno de los procedimientos de corrupción administrativa de mayor significación legal en la República Dominicana. Conforme al Ministerio Público, el expediente involucra una estructura compuesta por exfuncionarios y particulares que supuestamente desviaron miles de millones de pesos del Estado mediante desembolsos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos y otras operaciones ilícitas.
La imputación presentada por el organismo persecutor incluye acusaciones por asociación de malhechores, desfalco, colusión de funcionarios, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas. Durante el desarrollo de las audiencias previas, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó el veredicto para los implicados del caso, resultando en el envío a juicio de fondo de 35 personas y favoreciendo a cinco con la absolución del proceso con un “no ha lugar”, argumentando falta de evidencias que probaran su conexión con actos de corrupción.
El tribunal dictaminó auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, así como Marcial Reyes y Rosa Arias, por lo que quedan libres de los cargos que se les atribuían. Sin embargo, 35 de los acusados tendrán que responder ante la justicia por las imputaciones que el Ministerio Público hace en su contra, ya que el tribunal los envió a Juicio de Fondo para demostrar su participación o inocencia en los hechos.
