El senador Félix Bautista ha presentado una propuesta al Senado para transformar las sanciones punitivas relacionadas con la libertad de expresión y la información en penalizaciones económicas. Argumenta que esta medida se alinea con prácticas internacionales y refuerza la democracia, citando la importancia de este derecho fundamental para el control gubernamental y la denuncia de la corrupción. La iniciativa busca adecuar el marco legal a los principios constitucionales y los estándares de derechos humanos.
El legislador por San Juan, Félix Bautista, ha planteado hoy ante el Senado que el derecho a la expresión libre y a la información sea despenalizado, reemplazando las sanciones de carácter punitivo por penalizaciones de índole económica. Destacó que en países como Argentina y Panamá, las sanciones son únicamente económicas; en Perú, combinan multas con servicios a la comunidad; y en Nicaragua, una nación con un régimen autoritario, exiliados y prisioneros políticos, las consecuencias también son de tipo económico.
Mencionó que la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campus, en un discurso reciente conmemorando el 250 aniversario de la independencia estadounidense, afirmó lo siguiente: “La libertad de expresión no es solo una salvaguarda legal. Es el aliento vital de la democracia. Es el medio por el cual un pueblo libre delibera, discrepa, rectifica su rumbo y exige rendición de cuentas al poder. Cuando se suprime la libertad de expresión – Cuando se acallan las ideas antes de que puedan ser escuchadas –, la libertad comienza a erosionarse, primero silenciosamente y luego de manera abrupta”.
El senador señaló que la Constitución, proclamada el 26 de enero de 2010, otorga un papel central a la libertad en ocho de sus artículos (40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50). Estos apartados se refieren a la libertad y seguridad individual, el desarrollo personal autónomo, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de empresa, la libertad de expresión e información, y el derecho a la privacidad y al honor personal.
Además, indicó que, en lo que respecta al derecho a la libertad de expresión y la difusión del pensamiento, este representa un derecho humano esencial por ser intrínseco a la persona. El artículo 49 de la Constitución establece que toda persona tiene la potestad de manifestar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, sin que se pueda instaurar censura previa. “Cualquier individuo puede expresar libremente sus ideas y pensamientos, buscar información, recibirla y divulgarla por cualquier vía”.
Estas disposiciones salvaguardan el derecho a la crítica, las indagaciones, las denuncias, las publicaciones en medios digitales e impresos, las plataformas de redes sociales y cualquier otra forma de medio digital. Sin la libertad de expresión, resulta imposible supervisar al gobierno, denunciar actos de corrupción, fiscalizar a los servidores públicos, llevar a cabo elecciones justas y conformar una opinión pública informada.
Agregó que la formación de una comisión bicameral (integrada por senadores y diputados), propuesta por el presidente del Senado en la sesión de hoy, abre la posibilidad de debatir con diversos sectores las sugerencias para modificar el código penal.
El reconocido especialista en leyes, Cristóbal Rodríguez, en relación con la reforma del código, manifestó que se deben asegurar los valores y principios fundamentales de la democracia, tales como: la certeza jurídica, la legalidad de las penas, la libertad de expresión e información y el concepto de la bicameralidad. Adicionalmente, es crucial eliminar las tipificaciones penales que resulten ambiguas, imprecisas, indeterminadas y contradictorias, ya que no son compatibles con los derechos constitucionales de libre expresión e información. Esto se debe a que las sanciones en casos de difamación e injuria, y el denominado ultraje a funcionarios, no concuerdan con los derechos constitucionales de libre expresión e información, en virtud de que el Tribunal Constitucional ha establecido criterios firmes sobre la relevancia de estas libertades.
Asimismo, el jurista señaló que se deben abordar temas como la responsabilidad penal de las empresas, el ejercicio de la medicina, la violencia de género y la disposición que permite el aborto en contra de la voluntad de la madre.
