La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ha declarado que presentará recursos de amparo colectivo ante los tribunales si los centros de salud privados suspenden la atención a los asegurados. Esta medida surge a raíz de un conflicto entre las clínicas y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), y busca salvaguardar el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ha comunicado su intención de acudir a los juzgados de la república, por medio de una acción de amparo colectivo, en caso de que las clínicas privadas cesen la prestación de servicios a los asegurados. Esta situación se daría si no se resuelve su desacuerdo con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
El director general de la DIDA, Elías Báez, aseguró que la entidad actuará de inmediato para resguardar el derecho a la salud de los beneficiarios. Recordó que el acceso oportuno, constante y sin interrupciones a los servicios de salud es un derecho esencial amparado por la Constitución de la República, la Ley No. 87-01, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la Ley General de Salud No. 42-01.
“Los desencuentros entre las ARS y los proveedores de servicios sanitarios no pueden solucionarse en perjuicio de los afiliados. Ninguna discrepancia administrativa, económica o contractual entre las partes puede poner en riesgo la salud de la población”, enfatizó Báez.
El director general reconoció que los prestadores tienen un derecho legítimo a exponer y defender sus peticiones. Sin embargo, hizo hincapié en que existen vías legales e institucionales para resolver estas controversias sin interrumpir la atención médica que reciben los asegurados.
Además, recordó que las ARS gestionan fondos destinados exclusivamente a las prestaciones del Seguro Familiar de Salud. Por lo tanto, esos recursos deben asegurar el acceso efectivo al Plan de Servicios de Salud (PDSS) y no pueden verse afectados por disputas entre los distintos actores del sistema.
La DIDA informó que mantiene una supervisión continua sobre la situación y que ejercerá todas las acciones legales y constitucionales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los afiliados.
La institución reiteró que sus canales de orientación y asistencia están disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.
“La misión de la DIDA es proteger a los afiliados y asegurar que reciban las prestaciones que la ley les garantiza. Ante cualquier medida que limite o corte el acceso a los servicios de salud, actuaremos con la determinación que exige la protección de este derecho fundamental”, concluyó el director general.
