Cientos de personas se congregaron este jueves en la Plaza de la Bandera para expresar su desacuerdo con ciertos preceptos del nuevo Código Penal, particularmente los vinculados a la difamación y la libertad de expresión, conocidos como la 'Ley Mordaza'. Adicionalmente, los manifestantes manifestaron su inconformidad por el elevado costo de la vida y los alegados abusos policiales, instando a una revisión de la legislación y una mejor gestión gubernamental.
Numerosos ciudadanos se reunieron la tarde de este jueves en la Plaza de la Bandera, frente al Tribunal Constitucional, para mostrar su desaprobación a diversos apartados de la Ley 74-25, que establece el reciente Código Penal. Su objeción se centró especialmente en aquellos artículos relacionados con la difamación y la libertad de expresión, a los que varios grupos han denominado la popularmente conocida 'Ley Mordaza'.
Durante la jornada de la manifestación, los participantes también manifestaron su descontento por el incremento del costo de vida, los casos de supuesta brutalidad policial y lo que calificaron como una administración gubernamental deficiente. Con carteles, lemas y banderas dominicanas, los asistentes pidieron mayores garantías para la puesta en práctica de los derechos fundamentales y exigieron que se examinen las regulaciones del nuevo marco legal.
Como parte de la movilización, representantes de los manifestantes presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código Penal que establecen penas de prisión por delitos de difamación e injuria. Los demandantes argumentan que estas disposiciones podrían restringir el derecho a la libertad de expresión y de prensa garantizado en la Constitución.
La manifestación tuvo lugar pocos días después de que la Cámara de Diputados anunciara el inicio de un periodo para recibir propuestas de modificación a artículos específicos del Código Penal, recientemente aprobado por el Congreso Nacional, con el propósito de evaluar posibles enmiendas antes de su promulgación. Diversos segmentos de la sociedad civil, asociaciones de periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado la revisión de los artículos que consideran perjudiciales para las libertades públicas.
