El Poder Ejecutivo ha enviado al Senado una propuesta para enmendar 18 artículos del recién promulgado Código Penal dominicano. Paralelamente, un grupo de diputados ha presentado su propia iniciativa con el fin de diferenciar las imputaciones que afectan el interés público de aquellas relacionadas con la vida privada. Ambas acciones buscan perfeccionar la legislación antes de su implementación.
Por Raúl Germán Bautista.- El Poder Ejecutivo ha remitido al Senado de la República un borrador legislativo que busca modificar dieciocho disposiciones de la Ley 74-25, la cual establece el Código Penal de la República Dominicana. Esta información fue corroborada por N Digital a través de una fuente confiable del Congreso Nacional.
De forma simultánea, un conjunto de legisladores de diversas agrupaciones políticas ha depositado un proyecto para reformar varias secciones de la nueva normativa penal. Un aspecto central de esta propuesta es la distinción entre las acusaciones vinculadas a asuntos de interés público o al ejercicio de funciones de servidores públicos, y aquellas que conciernen a la esfera personal de un individuo.
La iniciativa legislativa fue recibida el 7 de julio de 2026 en la Cámara de Diputados y contempla modificaciones a la Ley Orgánica número 74-25, que instaura el Código Penal de la República Dominicana. Este proyecto aborda cuatro temáticas fundamentales: la divulgación de audios, imágenes o videos sin autorización; la difamación; el ultraje contra la autoridad pública; y las certificaciones médicas fraudulentas.
La propuesta fue presentada por los diputados Amado Antonio Díaz Jiménez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y portavoz de la bancada oficialista; Carlos de Pérez Juan, de la Fuerza del Pueblo (FP); Gustavo Antonio Sánchez García, portavoz del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y Eduviges María Bautista Gomera (Leyvi), también del PRM.
Entre los proponentes adicionales se encuentran Braulio de Jesús Espinal Tavárez, de Dominicanos por el Cambio (DXC); Julio Emil Durán Rodríguez, del PRM; Rogelio Antonio Genao Lanza, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Jorge Manuel Zorrilla González, del Partido Cívico Renovador (PCR); y Fiordaliza Estévez Castillo, del PRSC.
Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa se relaciona con la reforma propuesta al artículo 208, el cual trata sobre la difamación. El texto redefine la difamación como la declaración o atribución pública de un hecho específico o concreto que menoscabe el honor, la reputación, el buen nombre, la imagen, la dignidad o la integridad familiar de una persona física o jurídica.
La propuesta legislativa forma parte de los esfuerzos que se están llevando a cabo en el Congreso Nacional para revisar aspectos particulares del nuevo Código Penal antes de que entre en vigor.
