El Defensor del Pueblo ha emitido una denuncia formal respecto a las condiciones de insalubridad y el excesivo número de detenidos en la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de Género en Santo Domingo Este. Tras una inspección, la institución se comprometió a elaborar un informe detallado para las autoridades competentes, buscando la resolución de estas problemáticas que vulneran los derechos humanos de los privados de libertad.
La oficina del Defensor del Pueblo denunció este domingo la existencia de condiciones de falta de higiene y el exceso de personas detenidas en la dependencia policial donde opera la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en Santo Domingo Este. Esta información fue comunicada por la institución en la fecha señalada.
Luego de una visita realizada por Ana Martich, primera adjunta del Defensor del Pueblo, acompañada por un equipo de abogados de la Secretaría General de la organización, se difundió un comunicado que detallaba los hallazgos de la inspección. Dicha visita se llevó a cabo tras documentar varias quejas publicadas en diversos medios de comunicación.
Durante la inspección, se logró confirmar el estado de aglomeración de los individuos bajo custodia, la tardanza en la emisión de las resoluciones necesarias para efectuar traslados de manera oportuna, y el riesgo que enfrentan algunos detenidos que presentan heridas y posibles afecciones cutáneas debido a las circunstancias insalubres de las celdas.
El Defensor del Pueblo señaló que procederá a elaborar un informe minucioso para notificar a los funcionarios responsables de esta situación, incluyendo recomendaciones específicas para la resolución de esta problemática, según lo expresado en un comunicado de prensa.
Esta situación, de acuerdo con la institución, atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas cuya libertad ha sido restringida.
De igual manera, la primera adjunta del Defensor del Pueblo afirmó que continuarán efectuando inspecciones en aquellos centros policiales donde se detecten vulneraciones de derechos fundamentales, en cumplimiento de su misión institucional y en su rol como garantes del Estado de derecho.
