La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha declarado que cualquier miembro de la fuerza policial que contravenga la ley deberá responder por sus acciones. Enfatizó que nadie está por encima del marco jurídico y que la reforma policial busca fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas, consolidando así la confianza ciudadana en la institución.
La titular del Ministerio de Interior y Policía, Faride Raful, manifestó este lunes que cualquier oficial de policía que actúe fuera de los límites legales deberá afrontar las repercusiones de sus hechos. Aseguró que ningún integrante de la entidad se encuentra por encima del sistema legal y que la modernización policial busca reforzar los sistemas de control y la rendición de informes. Estas declaraciones fueron dadas durante el encuentro semanal del Grupo de Trabajo de Seguridad Ciudadana, dirigido por la vicepresidenta Raquel Peña, donde la funcionaria resaltó que el proceso de renovación de la Policía Nacional representa uno de los esfuerzos fundamentales de fortalecimiento institucional impulsados por el Poder Ejecutivo.
“Si la corporación policial obró incorrectamente, debe recibir una sanción”, declaró Raful, garantizando que las autoridades no consentirán la impunidad de ningún agente que cometa infracciones a la ley. “No vamos a encubrir ni a permitir que quede impune nadie que haya quebrantado la normativa dentro de una organización”, subrayó. La ministra sostuvo que cualquier acción que implique la responsabilidad de un componente de la Policía Nacional será investigada y enfrentará las repercusiones estipuladas en el marco jurídico.
Raful detalló que la reestructuración policial aspira a transformar una institución con más de nueve décadas de funcionamiento, mediante la intensificación de los controles internos, la profesionalización de los oficiales y el aumento de los niveles de claridad y vigilancia. Indicó que el objetivo es consolidar una Policía más cercana a la población, con un enfoque preventivo y dedicada a salvaguardar la vida y asegurar la tranquilidad pública.
En cuanto a las demostraciones ciudadanas, la funcionaria reafirmó el compromiso del Gobierno con el respeto al derecho de manifestación pacífica y señaló que corresponde a las autoridades escuchar las exigencias de la ciudadanía y atenderlas dentro del ámbito institucional. Asimismo, destacó que el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional contempla el reforzamiento de los mecanismos de supervisión sobre los agentes, la institucionalización de protocolos de evaluación, la regulación del empleo de la fuerza y mayores controles internos para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función policial.
Raful afirmó que reformar una institución con más de 90 años de trayectoria implica tomar determinaciones complejas y mantener un proceso constante de evaluación y optimización. “Este Gobierno asumió el compromiso, la obligación y el costo que implica esa transformación”, expresó, reiterando que el propósito es fortalecer la confianza de los ciudadanos a través de una Policía Nacional más competente, diáfana y sujeta al imperio de la ley.
