Durante la primera mitad de 2026, el sector público dominicano registró 30 quejas por diversas anomalías. La mayoría de estas acusaciones, especialmente las relacionadas con la conducta maliciosa y el hostigamiento en el trabajo, fueron enviadas para su gestión. Este reporte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental revela que solo un par de los casos presentados no fueron transferidos para su correspondiente tramitación.
En el ámbito gubernamental dominicano, se registraron un total de treinta reclamaciones por diferentes tipos de anomalías durante los primeros seis meses de 2026. Las quejas más frecuentes durante este período de análisis fueron la conducta maliciosa y el hostigamiento en el trabajo. Conforme a un informe de registro de reclamaciones gestionado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la mayoría de los expedientes fueron enviados para su tramitación, mientras que solamente dos reclamaciones no fueron transferidas por las autoridades.
Entre las quejas más habituales se encuentran la actuación dolosa y el acoso laboral, con seis casos cada una, seguidas por el cobro de salario sin prestar servicios, con cuatro reclamaciones. Asimismo, se documentaron tres denuncias por nepotismo, tres por duplicidad de responsabilidades y tres por supuestas contravenciones a la Ley No. 41-08 de Función Pública.
El reporte también incluye dos denuncias por abuso de autoridad, dos por conflictos de intereses y una por manejo indebido de recursos. Esta última, al igual que una denuncia por incumplimiento de la Ley No. 41-08, se encuentra entre los únicos expedientes que no fueron remitidos para su procesamiento.
Respecto a los métodos de recepción, las quejas llegaron principalmente a través de la línea 311, aunque también se recibieron mediante la Oficina de Acceso a la Información (OAI), la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias (DISD), por medio de investigaciones de oficio y por rumores públicos.
Por meses, junio concentró la mayor cantidad de reclamaciones, con cinco casos, seguido de abril y mayo, con cinco registros cada uno, respectivamente. En enero se contabilizaron tres denuncias, mientras que febrero y marzo registraron seis casos cada uno.
El informe de la DIGEIG no identifica las entidades implicadas ni proporciona detalles sobre el estado de las averiguaciones de cada expediente.
