La Comisión Bicameral del Congreso Nacional se reunirá este viernes para examinar el informe de una subcomisión, el cual detalla propuestas de cambio a la Ley 74-25. El objetivo es determinar qué modificaciones se incorporarán antes de que la normativa entre en vigor el próximo 3 de agosto. Esta revisión busca integrar el consenso de diversos sectores de la sociedad.
La Comisión Bicameral del Congreso Nacional examinará este viernes el reporte elaborado por la subcomisión encargada de analizar las sugerencias de modificación a la Ley 74-25. El propósito es establecer qué ajustes podrían incluirse antes de que la regulación comience a aplicarse el 3 de agosto.
Con este fin, los legisladores suspendieron las labores de la comisión este jueves para permitir que la subcomisión finalice el estudio y la organización de las iniciativas presentadas por distintos segmentos de la sociedad. Se anticipa que, una vez recibido el informe, la comisión decidirá cuáles planteamientos cuentan con el respaldo suficiente para ser integrados en una eventual reforma.
La subcomisión, establecida el pasado miércoles, está compuesta por el senador Pedro Catrain y los diputados Mayobanex Martínez y Rosendy Polanco. Su labor ha consistido en revisar, clasificar y armonizar las propuestas entregadas al Congreso, después de que el Poder Legislativo iniciara un proceso de consulta para escuchar comentarios sobre el nuevo Código Penal antes de su aplicación.
El presidente de la Comisión Bicameral, el diputado Wandy Batista, afirmó que la fase de recepción de sugerencias ha sido favorable y que existe el compromiso de evaluar cada una de ellas. Explicó que los sectores que presentaron propuestas recibirán una contestación sobre si sus planteamientos fueron aceptados o rechazados, junto con la justificación de la decisión.
La revisión del Código Penal se produce luego de varios días de intensas conversaciones entre legisladores y representantes de diferentes ámbitos, quienes han solicitado enmiendas a diversos preceptos de la ley promulgada recientemente. Entre los aspectos que han generado mayor controversia se encuentran las disposiciones relativas a los delitos contra la libertad de expresión, que mantienen penas de prisión y multas; la clasificación de ciertas conductas; la responsabilidad penal de las entidades jurídicas; y la ausencia de las tres causales para la interrupción del embarazo, un tema que sigue dividiendo opiniones entre organizaciones sociales, grupos religiosos y defensores de los derechos de las mujeres.
También se han presentado sugerencias para revisar la formulación de algunos artículos, corregir posibles inconsistencias y precisar disposiciones que, según expertos legales y organizaciones, podrían causar complicaciones en su implementación.
Con el 3 de agosto como fecha límite para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, la determinación que adopte este viernes la Comisión Bicameral será crucial para el futuro inmediato de la legislación. Las conclusiones de la subcomisión servirán de base para definir si las modificaciones propuestas se incorporarán antes de la aplicación de la ley o si algunos de los puntos más debatidos quedarán pendientes para futuras reformas, en un proceso que mantiene la atención de diversos sectores de la sociedad dominicana.
