Hermógenes Acosta, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional, ha manifestado serias inquietudes acerca de la Ley 74-25, el reciente Código Penal. Acosta señala un posible defecto procesal en su aprobación, que podría resultar en la anulación total de la legislación. Además, critica aspectos como el cúmulo de sanciones y las penalizaciones relacionadas con la libertad de expresión, instando a posponer su implementación para corregir estas deficiencias.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Hermógenes Acosta, externó el lunes sus aprehensiones respecto a varios artículos de la Ley 74-25, que contiene el reciente Código Penal, y declaró que podría existir un vicio de procedimiento en la tramitación de la norma, situación que, en su opinión, podría llevar a la invalidación completa de la normativa. “En una de las acciones de inconstitucionalidad se plantea que hay un defecto procesal. Cuando existe un defecto procesal, el Código queda invalidado por completo”, explicó durante una entrevista en el programa El Día.
Acosta también consideró alarmantes las estipulaciones referentes a la acumulación de condenas, argumentando que desvirtúan el propósito de la sanción. Asimismo, expresó preocupación por las penalizaciones previstas para los delitos vinculados con el derecho a la libre expresión. “Las sanciones son muy severas, son extremadamente graves”, afirmó.
El exmagistrado sostuvo que la legislación no establece distinciones que considera fundamentales. “No se diferencia entre servidores públicos y ciudadanos particulares”, manifestó. En cuanto a la libertad de expresión, recordó que el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia han establecido criterios jurisprudenciales para evitar que ciertas disposiciones penales sobre difamación e injuria se apliquen a periodistas o a denuncias y críticas realizadas a través de los medios de comunicación. “Lo que se está estipulando en el Código Penal, según la jurisprudencia, no es aplicable a periodistas ni a medios de comunicación. Ya lo había indicado la Suprema Corte de Justicia anteriormente y lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en 2016”, expresó.
Acosta consideró que el nuevo Código Penal no debería entrar en vigor el próximo 3 de agosto, con el fin de que se puedan subsanar las deficiencias que, según afirmó, se han detectado durante el proceso de revisión y evitar futuras controversias sobre su constitucionalidad.
