El recién promulgado Código Penal, a través de la Ley 74-25, extiende el plazo de prescripción para delitos de corrupción administrativa, buscando asegurar que estos crímenes sean debidamente juzgados. Sin embargo, el abogado Carlos Felipe subraya que, aunque esta medida es útil, la erradicación efectiva de la impunidad dependerá de una inversión robusta y el fortalecimiento de las capacidades investigativas del Ministerio Público, la Policía Judicial y la Procuraduría General.
La reciente legislación penal, especificada en la Ley 74-25, prolonga los periodos de prescripción para los delitos de índole administrativa relacionados con la corrupción. Esto tiene como fin primordial asegurar que tales infracciones no queden sin sanción, sino que sean procesadas conforme a la gravedad de los hechos. No obstante, el jurista litigante, Carlos Felipe, manifestó que la extensión del tiempo por sí sola no será suficiente para eliminar la impunidad si no se potencia la habilidad de investigación del Ministerio Público, la Policía Judicial y la Procuraduría General de la República. “No es suficiente, pero contribuye significativamente; entiendo que con esta medida se protegerían considerablemente las pesquisas del Ministerio Público. Es indispensable reforzar los entes investigadores, la Policía Judicial, la inversión en el sector judicial, y, lo que es más crucial, la inversión en la Procuraduría General de la República”, señaló el letrado al ser consultado por N Digital.
El abogado Carlos Felipe, al referirse al nuevo Código Penal, subrayó que la flamante normativa robustecerá de manera sustancial la batalla contra la corrupción, ya que esta tipifica todas las modalidades en las que podría manifestarse la corrupción. “El nuevo Código robustece de forma significativa la lucha contra la corrupción, porque define con claridad todas las formas actualizadas en las que puede existir corrupción. Y no solo en el ámbito de interés público o el erario público, sino también la corrupción privada, de empresas privadas. Es decir, la corrupción en todos los ámbitos la castiga de manera explícita”, puntualizó Felipe.
El nuevo Código incrementa las penas por desfalco de fondos públicos. Entre las modificaciones de mayor peso que establece el nuevo Código se encuentra la sanción por malversación de fondos públicos, que se eleva a un rango de cinco a 10 años de reclusión, superando el marco actual que contemplaba de dos a tres años, lo que endurece el castigo para quienes cometan este delito bajo la administración pública.
Opción Democrática propone declarar imprescriptible la corrupción. El pasado miércoles, el partido Opción Democrática (OD) presentó ante la Cámara de Diputados un documento con diez propuestas de enmienda al nuevo Código Penal, entre ellas declarar imprescriptibles los delitos más graves contra la administración pública relacionados con actos de corrupción, con el objetivo de fortalecer la salvaguarda de los derechos fundamentales.
El Código Penal avanza al Senado. La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en una sesión extraordinaria y en segunda discusión, el proyecto de ley que modifica varias disposiciones de la Ley 74-25, que establece el Código Penal de la República Dominicana. En esta segunda jornada, los diputados introdujeron 14 nuevas propuestas de modificación, de las cuales 8 fueron aceptadas y 6 fueron rechazadas. La pieza legislativa pasa al Senado de la República para su procesamiento en esa ala del Congreso Nacional.
