La República Dominicana y Chile han formalizado un acuerdo de cooperación para establecer un equipo de investigación binacional. Esta iniciativa busca intensificar la lucha contra el tráfico de personas, el contrabando de migrantes, el blanqueo de capitales y otros delitos transnacionales. El convenio es el primero de su tipo para la nación bajo la Convención de Palermo, reforzando la colaboración jurídica internacional entre ambas naciones.
La República Dominicana y Chile suscribieron este martes un pacto de colaboración con el fin de instituir un grupo de investigación compartido. Dicho equipo fortalecerá las indagaciones en torno a la trata humana, el desplazamiento ilegal de individuos, el blanqueo de capitales y otras ofensas perpetradas por el crimen organizado a nivel transnacional. El acuerdo fue rubricado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia Vásquez, quienes enfatizaron la relevancia de robustecer los canales de cooperación legal internacional para confrontar crímenes que rebasan las fronteras territoriales.
Esta es la primera ocasión en que el país firma un convenio para la formación de un equipo de investigación conjunto, bajo el marco de la Convención de Palermo (Italia) contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2000.
Reynoso indicó que la nación caribeña considera la batalla contra el tráfico y la trata de personas como un objetivo estratégico de máxima prioridad dentro de su estrategia de persecución del crimen organizado internacional. Además, recordó que la trata de personas es reconocida como “la esclavitud moderna” y una de las manifestaciones más graves de menoscabo a la dignidad humana. Explicó que las pesquisas sobre trata de personas se desarrollan de forma simultánea con las investigaciones por blanqueo de activos, dado que las agrupaciones delictivas que la fomentan tienen como meta la obtención de ganancias económicas ilícitas que luego intentan integrar en los mercados legales.
Por su parte, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, afirmó que el convenio representa una herramienta práctica de labor entre los ministerios públicos de Chile y República Dominicana. Valencia Vásquez destacó que el pacto permitirá configurar equipos de investigación integrados por fiscales y agentes policiales de ambas naciones para enfrentar los delitos del crimen organizado transnacional. Recalcó que la trata de personas y el tráfico de migrantes son “un flagelo que afecta directamente a ambas naciones y que demanda respuestas coordinadas”.
