La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ha manifestado su alarma ante el proyecto de Código Penal aprobado en primera lectura por el Senado. Aunque reconocen la necesidad de una legislación penal actualizada, la organización señala que el texto contiene normativas sobre la responsabilidad penal de entidades jurídicas que ignoran las recomendaciones del sector empresarial, lo que podría generar inestabilidad legal y afectar particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) hizo pública su inquietud respecto al borrador del Código Penal, que fue aprobado en su primera lectura por la Cámara Alta. La entidad considera que, si bien la nación requiere de un marco legal penal actualizado, el documento incluye cláusulas relativas a la responsabilidad penal de las organizaciones que no integran las sugerencias técnicas presentadas por el ámbito empresarial.
La agrupación enfatizó que la modernización del Código Penal no debería usarse como pretexto para ratificar una normativa sin considerar las propuestas hechas por los distintos sectores productivos. En este sentido, ANJE advirtió que las disposiciones actuales provocan inseguridad jurídica y podrían impactar negativamente, sobre todo, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
ANJE también cuestionó el procedimiento legislativo que llevó a la creación de este instrumento, describiéndolo como “rápido y hermético”, sin aprovechar el lapso de vacatio legis para efectuar las correcciones necesarias mediante consultas entre distintos sectores. Asimismo, calificó de contradictorio que la entrada en vigor de los artículos referentes a la responsabilidad penal de las organizaciones se haya aplazado únicamente por tres meses, a pesar de que, según indicó, las observaciones técnicas enviadas por el empresariado no fueron incluidas.
La asociación añadió que el proyecto desaprovecha la oportunidad de establecer un sistema diferenciado para las micro y pequeñas empresas, así como un marco de responsabilidad penal para las personas jurídicas “más claro, equilibrado y en consonancia con los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica”. Por lo tanto, reiteró su solicitud de revisar la propuesta antes de su aprobación definitiva, con el fin de asegurar una legislación que fortalezca la certeza legal y la competitividad del país.
