El abogado Miguel Valerio, representante de la familia Handal, ha manifestado su desacuerdo con que Jean André Pumarol continúe en una institución psiquiátrica externa al sistema carcelario. Valerio enfatiza que durante el proceso judicial se demostró que Pumarol representa un riesgo, y la familia de la víctima espera que se anule la decisión inicial y se proceda a un juicio de fondo.
El representante legal de la familia Handal, Miguel Valerio, expresó su inquietud este jueves por la situación de Jean André Pumarol, quien permanece ingresado en una clínica psiquiátrica ajena a la red de prisiones. Valerio argumentó que, según lo establecido en el procedimiento judicial, el acusado representa un peligro. El jurista indicó que la institución donde se encuentra el imputado es responsable de su custodia y reiteró que los parientes de la víctima desean que la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anule la resolución de no ha lugar emitida en primera instancia y ordene la apertura de un proceso judicial sustancial.
“Estamos aguardando que se imparta justicia y que se inicie un juicio de fondo”, declaró Valerio, recordando que este miércoles se cumplió un año del deceso de Yolanda Handal Abugabir.
Valerio aclaró que Pumarol no estaba obligado a presentarse en la sesión de apelación debido a que había sido favorecido con una resolución de no ha lugar en primera instancia, una determinación que fue impugnada por la familia de la víctima. El abogado insistió en que el acusado debe rendir cuentas ante un tribunal de fondo y afirmó que, durante ese procedimiento, podrá presentar los argumentos que considere pertinentes para su defensa.
Valerio también cuestionó el manejo del caso. Afirmó que el sistema penitenciario dominicano cuenta con unidades psiquiátricas para atender a reclusos con afecciones de salud mental, por lo que, a su entender, ese debió ser el protocolo aplicado en esta situación. Según su perspectiva, mantener al imputado en un centro psiquiátrico fuera del ámbito carcelario constituye una excepción, dado que en otros casos, personas en condiciones similares han permanecido internadas en áreas especializadas dentro de las instalaciones penitenciarias. Asimismo, desmintió las aseveraciones de que al acusado se le negó el acceso a medicamentos mientras estuvo bajo custodia. Explicó que el sistema penitenciario permite la administración de tratamientos cuando son recetados por personal médico y sostuvo que solo una evaluación especializada que determine la imposibilidad de recibir atención dentro de la cárcel justificaría su traslado a un centro de salud externo.
