El Ministerio Público ha solicitado a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la revocación de la sentencia que declaró extinguida la acción penal contra los implicados en la supuesta venta irregular de terrenos estatales en Los Tres Brazos. La fiscalía argumenta una aplicación errónea de la ley y busca la continuación del proceso judicial contra los acusados, incluyendo a exfuncionarios y empresas vinculadas, en un caso que involucra millones de metros cuadrados y una considerable suma de dinero.
El Ministerio Público solicitó este jueves a la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que anule el veredicto que declaró la terminación del proceso judicial contra los individuos acusados por la supuesta comercialización ilícita de terrenos del Estado en el sector Los Tres Brazos, ubicado en Santo Domingo Este. Entre los imputados se encuentran Leoncio Almánzar Objío, quien fuera director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.
El tribunal, compuesto por los magistrados Ysis Muñiz, en calidad de presidenta; Teófilo Andújar y Milagros Ramírez Cabrera, postergó su determinación para el jueves 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.
La impugnación fue interpuesta contra la resolución penal 941-2024-SSEN-00082, emitida el 22 de abril de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que dictaminó la extinción del procedimiento penal debido a la superación del período máximo establecido para la duración del proceso.
El Ministerio Público afirma que el tribunal incurrió en una interpretación incorrecta de la normativa legal y que la resolución no concuerda con la acusación presentada ni con las evidencias proporcionadas. Por tal motivo, requirió que la sentencia sea anulada y que se disponga la prosecución del juicio contra los señalados.
“En la jornada de hoy, el Ministerio Público cumplió con la presentación del recurso de apelación en contra de la anulación del procedimiento penal”, manifestó la procuradora de corte Rosa Pichardo al concluir la audiencia.
La apelación fue respaldada por el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete.
El recurso legal también abarca a las entidades mercantiles Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L.; Inversiones Fernández Parache (Infepa); Tekknowlogic Dominicana, S.R.L., y a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales.
Conforme a la acusación, el grupo participó en la transacción irregular de aproximadamente cuatro millones de metros cuadrados de propiedades pertenecientes al Estado, mediante una operación con la cual se esperaba obtener cerca de RD$5,000 millones.
El expediente judicial detalla que los involucrados vendieron propiedades estatales y ejercieron presión sobre los residentes de Los Tres Brazos para que adquiriesen los terrenos donde habían residido por décadas.
El Ministerio Público asegura que funcionarios y particulares se asociaron para quebrantar el marco constitucional y legal, perjudicar el patrimonio público y conseguir ganancias económicas a través de la comercialización de los inmuebles.
El caso fue tipificado como una presunta violación de los artículos 59, 60, 166, 171, 175, 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano, así como de la Ley 340-06 referente a Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
