La República Dominicana ha llamado a consultas a su embajadora en Nicaragua, siguiendo instrucciones del presidente Luis Abinader. Esta acción surge a raíz de recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses que se consideran contrarias a los principios democráticos y a los compromisos interamericanos. El gobierno dominicano ha reafirmado su postura en defensa de la democracia y del derecho de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes.
Por directriz del presidente Luis Abinader, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha convocado a la embajadora dominicana en Nicaragua para consultas, debido a las recientes afirmaciones de los funcionarios nicaragüenses que contravienen los fundamentos democráticos y los deberes adquiridos dentro del marco del sistema interamericano. En un comunicado, la República Dominicana ratifica su postura de que “las naciones de América tienen derecho a la democracia y sus administraciones la responsabilidad de fomentarla y salvaguardarla”, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.
Previamente, la Cancillería dominicana expresó su enérgica condena a las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien sostuvo que en su nación “no se realizarán más comicios”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana afirmó que una declaración de esta índole representa un “claro desconocimiento de los principios fundamentales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense” a seleccionar libremente a sus líderes mediante procesos electorales regulares, libres, justos, transparentes y plurales.
“Los habitantes de América poseen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y resguardarla”, tal como lo estipula el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, declaró la Secretaría de Relaciones Exteriores dominicana en un comunicado. República Dominicana consideró que “ninguna administración” puede adjudicarse la potestad de privar a un pueblo de la oportunidad de manifestar periódicamente su voluntad soberana a través del sufragio, ni clausurar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la sucesión en el poder.
“El Gobierno dominicano insta a las autoridades nicaragüenses a corregir esta postura y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades esenciales del pueblo nicaragüense, incluyendo su prerrogativa a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas”, señaló la Cancillería. El documento aseguró que el país reitera su compromiso “inquebrantable” con la protección de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, principios y obligaciones que constituyen acuerdos colectivos asumidos por los Estados de las Américas.
Durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la revolución sandinista, celebrada el 19 de julio, Ortega afirmó que “aquí (en Nicaragua) no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) apoderarse del gobierno, apoderarse del poder”.
Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, indicó que sí se llevarán a cabo elecciones en Nicaragua, pero bajo un nuevo marco constitucional que las proteja de la interferencia extranjera y de los “traidores a la patria” dentro del país. “Lo esencial es que establezcamos a nivel constitucional que en esta nación no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y entidades financiadas con capital foráneo, por potencias extranjeras, por organizaciones externas”, manifestó Porras.
