El Ministerio Público ha anunciado su intención de apelar una sentencia que lo obliga a pagar RD$7.5 millones a un imputado del caso Camaleón por la incautación de un teléfono móvil. La institución argumenta que el fallo contiene serias irregularidades procesales y cuestiona la competencia del tribunal, así como la interpretación de la figura legal de la astreinte, considerándola desproporcionada.
La Fiscalía General de la República ha informado que impugnará judicialmente la decisión que exige el desembolso de RD$7.5 millones a un acusado en el expediente Camaleón, debido a la confiscación de un dispositivo móvil. El Ministerio Público considera que la resolución judicial está "repleta de errores procesales significativos".
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) comunicó que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, quien preside el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó la sentencia a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia. Sin embargo, según el ente acusador, la magistrada ya no tenía jurisdicción sobre el caso desde el 24 de octubre de 2025, fecha en que el expediente fue trasladado al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado adelantaron que el recurso de apelación también pondrá en tela de juicio la interpretación que la jueza hizo de la figura de la astreinte. Consideran que su aplicación fue desnaturalizada para establecer una suma que califican de excesiva. "Recibimos la notificación del dictamen el jueves y disponemos de 20 días para presentar el recurso de apelación", señaló Pérez.
El representante del Ministerio Público enfatizó que el tribunal que actualmente lleva el proceso de corrupción tampoco posee la autoridad para decidir sobre la reclamación del aparato telefónico interpuesta por Álvarez Carbuccia, ya que no se trata de un órgano jurisdiccional de naturaleza administrativa.
La resolución judicial exige el pago de RD$7,560,000 por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con la entrega de bienes que, según la Pepca, ya fueron restituidos al imputado. Este último también reclama un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor comercial se estima en RD$3,000.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia figura entre los acusados en el caso Camaleón. En este expediente también están imputados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), junto con otros procesados.
Conforme a la acusación presentada por el Ministerio Público, Álvarez Carbuccia habría emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant con el fin de favorecer el esquema de corrupción bajo investigación. El expediente también atribuye a Hugo Beras haber facilitado adjudicaciones irregulares a empresas sin la capacidad técnica necesaria durante su gestión al frente del Intrant. Por su parte, a José Ángel Gómez Canaán se le señala como beneficiario de contratos fraudulentos a través de las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ejercer control sobre los sistemas de semáforos, videovigilancia y espionaje tecnológico.
El Ministerio Público recordó que el proceso fue enviado a juicio el pasado 5 de junio y que la primera audiencia está programada para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Los imputados enfrentan cargos por lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, sabotaje, robo de identidad, delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violación a la Ley de Armas, entre otras imputaciones.
