El Ministerio Público ha interpuesto un recurso para revocar la decisión judicial que dio por terminado el proceso penal por la enajenación ilícita de más de cuatro millones de metros cuadrados de tierra en Los Tres Brazos. Este caso involucra una red que buscaba defraudar al Estado dominicano por más de 5,000 millones de pesos, y ahora se espera la resolución de la Corte de Apelación para determinar si el juicio contra exfuncionarios y empresarios continuará.
La Fiscalía General de la República procura la revocación de la disposición judicial que declaró la finalización del procedimiento penal relacionado con la venta indebida de más de cuatro millones de metros cuadrados de propiedad inmobiliaria en la zona de Los Tres Brazos. Se investiga a una organización que presuntamente intentó estafar al gobierno dominicano por una suma superior a los 5,000 millones de pesos. Ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los fiscales presentaron una impugnación formal con el objetivo de anular el fallo emitido en 2024 y solicitar la reanudación del proceso judicial contra los exfuncionarios y empresarios implicados.
El esquema de fraude operaba a través de la transferencia irregular de activos estatales desde la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde). Servidores públicos y particulares se confabularon para ceder terrenos públicos a entidades privadas como Proyecciones Inmobiliarias Gowi, Inversiones Fernández Parache (Infepa) y Tekknowlogic Dominicana. Una vez que estas empresas obtuvieron el control de los títulos de propiedad, procedieron a coaccionar y exigir a los residentes del conocido sector de Santo Domingo Este, quienes llevaban décadas viviendo allí, que compraran los solares donde ya habían edificado sus hogares.
La apelación presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Rosa Pichardo impugna directamente la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Los magistrados de primera instancia declararon la prescripción de la acción penal al considerar que había expirado el plazo máximo de duración del proceso. Sin embargo, la representación del organismo acusador argumenta que el tribunal incurrió en una interpretación errónea de la legislación, lo cual no concuerda con la seriedad de la acusación ni con el volumen de evidencias aportadas durante la investigación.
El recurso legal incluye al exdirector de Corde, Leoncio Almánzar Objío, así como a los ejecutivos y representantes empresariales Juana Ynés Gómez Williams, Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams. El expediente también involucra a Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos e Irving José Cruz Crespo, a quienes se les imputa la violación de artículos del Código Penal relacionados con desfalco, estafa y colusión de funcionarios, además de infracciones a la Ley sobre Compras y Contrataciones Públicas.
La decisión definitiva sobre el porvenir del expediente recae en la corte de apelación, integrada por los jueces Ysis Muñiz, Teófilo Andújar y Milagros Ramírez Cabrera. Después de escuchar los argumentos del Ministerio Público y de las partes involucradas, el tribunal estableció la lectura completa de la sentencia para el jueves 10 de septiembre a las 11:00 de la mañana, momento en el que se determinará si el caso retorna a juicio o permanece archivado.
